Colegio de abogados de Puno respalda a Delia Espinoza y cuestiona restitución de Patricia Benavides
Decano José Luis Ticona acusa a la JNJ de quebrantar la Constitución al reponer en el cargo a la suspendida fiscal de la Nación. Advierte que decisión vulnera la institucionalidad y la convivencia social.
La República en GoogleEl Colegio de Abogados de Puno (ICAP), emitió un pronunciamiento a través expresó su preocupación por la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), de restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
“La situación interna del Ministerio Público refleja enfrentamientos entre altos funcionarios, decisiones contradictorias y pugnas por el control institucional”, “lo cual constituye un grave riesgo al mandato constitucional de ejercer la acción penal y velar por los derechos fundamentales de la ciudadanía”, precisa en el pronunciamiento.
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En diálogo con La República, el decano del ICAP, José Luis Ticona Yanqui, consideró que la única persona con legitimidad es la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la que genera incertidumbre es Patricia Benavides.
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“Este domingo 22 de junio más de mil abogados van a dar examen para ser magistrados organizado por la Junta Nacional de Justicia. Con el actuar de este organismo nos deja mucha preocupación”, dijo.
Consideró que la vida institucional debe manejarse de acuerdo a la ley y la Constitución y sólo ello va garantizar una vida en convivencia social. En ese contexto se mostró en contra que la JNJ haya dejado sin efecto la destitución de Benavides pese a que la sanción se encuentra judicializada. Recordó que la Carta Magna no permite avocarse a causas pendientes de resolver en el Poder Judicial.
“Creemos que la JNJ ha quebrado las normas que garantizan la convivencia social y respeto irrestricto”, precisó.
Ticona Yanqui consideró que lo está sucediendo dentro del Ministerio Público son pugnas de personas y de grupos políticos de cara a las próximas elecciones.
“La JNJ, el Ministerio Público, Poder Judicial, más allá de los problemas internos que pueda haber tiene que estar por encima del interés del país. Tiene que estar el interés de un adecuado sistema de justicia.
