Congreso: informe concluye que no existe red de prostitución, pero sí "festín" de contrataciones

El informe final de la Comisión Fiscalización concluyó que no existe una red de prostitución en el Congreso, pero constataron la existencia de un "festín" de contrataciones y permisos irregulares para los trabajadoras del Parlamento. La hipótesis de la red de trata se barajó tras el asesinato de Andrea Vidal y su vinculación con el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional Jorge Torres Saravia.

Cabe precisar que el grupo de trabajo no descartó que presuntos actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución puedan ser probados si la Fiscalía investiga estos hechos haciendo uso de sus facultades solicitando el levantamiento del secreto bancario y del secreto telefónico de los implicados.

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"De lo indagado a la fecha, no se ha evidenciado la existencia de una "Red de prostitución en el Congreso", sin embargo, se ha evidenciado un festión en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista, incurriendo en el tipo penal contemplado en el artículo 381 del Código Penal", señala el informe en sus conclusiones.

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Informe concluye que no existe red de prostitución, pero sí "festín" de contrataciones

En lo que respecta a los cuestionados procesos de contratación en el Congreso, la Comisión de Fiscalización señala que se han encontrado graves indicios que vulneran la correcta e idónea designación de trabajadores, "en especial al personal femenino". Estos actos configurarían un aprovechamiento de la función pública con una connotación sexista.

"Desde la primera sesión, esta Comisión ha identificado un patrón reiterado de irregularidades en los procesos de contratación de personal en el Congreso de la República, particularmente respecto de personas que no cumplían con los requisitos legales para asumir cargos públicos. Entre los casos detectados se encuentran los nombramientos de las ciudadanas Andrea Vidal Gómez, Alexandra Gil Ramírez e Isabel Cajo Salvador, cuya incorporación al servicio parlamentario podrían implicar responsabilidad penal para el doctor Jorge Luis Torres Saravia y otros funcionarios involucrados por el delito de nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo público, tipificado en el artículo 381 del Código Penal", sostiene.

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Informe recomienda iniciar investigación penal y administrativa

El informe hace énfasis en el caso de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, de quien, aseguran, se contestó un uso arbitrario de la función pública y favorecimiento indebido al "requerir de manera reiterada a mujeres jóvenes con quienes mantenía relaciones de cercanía personal o social".

Asimismo, sobre el papel de Alianza para el Progreso en este caso se evidenció una "captura política de la estructura administrativa del Congreso" debido a un patrón en el nombramiento de funcionarios de confianza en puestos claves durante las gestiones de Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Cuestionan, además, la contratación de la "hija política" de César Acuña, una desginación que hasta el momento cuenta con un proceso administrativo abierto.

Otros de los puntos indagados es el incremento desproporcional de personal del Congreso -apoyado por falta de fiscalización interna- y una posible estructura informal del poder para el direccionamiento de plazas. Sobre ello, se pidió la intervención de organos de control, como la Contraloría y el Ministerio Público.