Julissa Mantilla: "Una democracia debe tener tres poderes del Estado relacionados, pero independientes"

La expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, advierte que cerrar la búsqueda de desaparecidos va contra nuestras obligaciones internacionales, y alerta que en la región, el negacionismo se ha incrementado. Asimismo, expone que el nombramiento de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la ONU es un mensaje de la imagen que el país quieren dar al exterior. 

-La Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas pretendía aplicar una directiva con plazos administrativos que ponía fin a los trabajos para hallar a las víctimas pendientes de 1980 al 2000. ¿Cómo desconoce eso nuestras obligaciones internacionales?

-Las desconoce totalmente. En primer lugar, la desaparición forzada es una violación de derechos humanos continua, permanente, múltiple. Tanto la jurisprudencia de la Corte Interamericana como Naciones Unidas han establecido la línea de lo que es la desaparición forzada. Tanto así que la prohibición de la desaparición forzada es una norma imperativa: es una norma de ius cogens, que está por encima incluso de los tratados. Pero además de eso, la propia jurisprudencia de la Corte, de la Convención Interamericana y la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, establecen requisitos particulares sobre la búsqueda, en primer lugar, tiene que ser inmediata. Se tiene que presumir que la persona desaparecida está con vida. Y no depende de la iniciativa de los familiares, es una obligación del Estado investigar.

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-Tomando en cuenta que la desaparición forzada es un delito permanente ¿Puede ponerse un plazo a la búsqueda de las víctimas, como quiere hacer el gobierno?

-El Estado tiene que demostrar que hizo todo lo posible para encontrar a la persona o saber de su paradero, porque la desaparición forzada es continua y permanente hasta que se sepa qué pasó con la persona desaparecida. Es decir, hasta que aparezca viva o se encuentren sus restos, o se sepa qué fue lo que sucedió. No se le puede poner plazo a una búsqueda de desaparición forzada. Entonces, si le ponen un plazo están atentando contra sus obligaciones internacionales, contra el derecho a la verdad. Y otra cosa importante. La definición de víctima en caso de desaparición forzada incluye a la persona desaparecida y sus familiares. Es decir, no solamente las víctimas son las personas desaparecidas, sino también los familiares. Entonces, esa directiva de ponerle un plazo va contra los estándares internacionales, contra nuestras obligaciones internacionales, contra toda la jurisprudencia y contra todo el conocimiento de lo que es una desaparición forzada, que es uno de los crímenes más graves que existen.

-¿No pueden decir que han pasado 40 años, han hecho todo lo posible y ya no se puede hacer más, que parece es lo que quieren intentar?

La obligación de probar que hicieron todo lo posible es de los Estados, porque la misma Corte dice que la búsqueda no depende de los familiares. Si han pasado 40 años, quiere decir que el Estado ha sido totalmente ineficiente. Y aquí hay que hacer una distinción entre lo que es el gobierno y el Estado. Hay un principio básico de derecho internacional, que es el principio de continuidad del Estado. Pueden cambiar los gobiernos, pero es un solo Estado el que asume la responsabilidad. Si ha pasado mucho tiempo y no se sabe nada, es por la negligencia del Estado. Y si en 40 años no los has encontrado, es que no hiciste todo lo posible. Es asumir ya la negligencia como regla y no como excepción. También forma parte de este intento de cambiar la historia, que ha crecido mucho, de desaparecer lo que sí pasó, y hacer una historia propia. Hay una preocupación a nivel regional, no solamente en el Perú, sobre el llamado negacionismo.

-El Grupo de trabajo de la ONU advirtió que la directiva de Búsqueda incumple los estándares internacionales, pese a ello se aprobó, aunque no llegaron a publicarlo. ¿La observación de la ONU es de cumplimiento obligatorio?

-Hay un principio en Derecho Internacional que es el principio de buena fe de los Estados. Si firmas un tratado, si eres parte de Naciones Unidas, en este caso concreto, parte de la Convención, te obligas a seguir lo que el Grupo de Trabajo establezca, por ese principio de buena fe. Ahora, lo que pasa en general con el Derecho Internacional es que no hay mecanismos de coerción. Es decir, no hay una policía internacional que obligue a cumplir con aquello. Si un Estado decide desconocer todo, está rompiendo ese principio de buena fe, y ya ha habido casos como Venezuela y Nicaragua, así como algunas declaraciones en Perú sobre que somos un Estado absolutamente soberano, que están desconociendo estos estándares. Y eso tiene consecuencias graves, a nivel interno y a nivel internacional.

-¿Y qué consecuencias graves podría tener eso?

-Bueno, hay varias consecuencias. Perú está respondiendo en los casos, pero nada impediría que más adelante decida no acudir a las audiencias o no responder los requerimientos de los comités. Y eso tiene consecuencias, como digo, a nivel interno, pero también a nivel internacional, a nivel político. ¿El Perú quiere ser un Estado que desconozca obligaciones a nivel internacional? ¿Quiere estar ubicado del lado de países como Venezuela, Nicaragua o Cuba? ¿Qué impacto va a tener eso en los estándares de cumplimiento de derechos humanos para el desarrollo del país, para los tratados, para la confianza que se puede tener en el Estado? Entonces va decayendo su imagen. La gente, que muchas veces desconoce el derecho internacional y el tema de los derechos humanos, repite frases un poco huecas como salgámonos de la Corte y estaremos mejor, pero la Corte, el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, no son enemigos de los Estados, luchan por los derechos de las víctimas que al no encontrar justicia en sus países, acuden a la ONU o a la Comisión y la Corte Interamericana para que sean estos organismos, creados por los propios Estados, los que decidan exigirle el cumplimiento.

No son hechos aislados

-Pero esta directiva del cierre de la búsqueda de desaparecidos no es un hecho aislado. Están la ley que limita la aplicación de lesa humanidad, la propuesta de amnistía a militares de violaciones a derechos humanos, entre otras normas aprobadas en el Congreso y promulgadas por el gobierno de Dina Boluarte. ¿Están ganando el negacionismo y la impunidad?

-El negacionismo como noción surge luego de la Segunda Guerra Mundial, con esos intentos de negar lo que había sucedido con el Holocausto judío. Pero a lo largo de los años, ya no solamente es negar, sino tergiversar la historia. Y esto afecta el derecho a la verdad, individual y colectivo, el acceso a la justicia, porque si cambias la historia y dices no hay desaparecidos, no hay ejecutados ¿qué vas a investigar y qué vas a denunciar? Además, las obligaciones del Estado son de dos tipos en derecho internacional: de respetar y de garantizar. Y dentro de garantizar está la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar. Si dices que no hubo violaciones de derechos humanos ¿qué vas a prevenir si nunca pasó? van a volver a suceder. Si dices que no hubo violación de derechos humanos ¿qué vas a investigar? ¿y qué víctimas vas a reparar? Entonces, este negacionismo no solo tergiversa la historia, sino niega los derechos de las víctimas individuales, pero también el derecho de la sociedad. Y hay un elemento fundamental en las obligaciones del Estado, que son las garantías de no repetición. El Estado toma conciencia de las violaciones de derechos humanos y luego desarrolla todos los mecanismos para evitar que esto vuelva a suceder. Pero si niegas todo esto, ¿qué vas a evitar si nunca pasó?. De hecho, ya se está intentando con la ley de amnistía y con la otras normas que se están dando. Cambias la historia y dejas en desprotección a las personas en general en el país.

-El último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta que en el 2024 hubo peligros para el Estado de derecho, la democracia, y los derechos humanos en Perú por afectaciones al sistema de pesos y contrapesos. ¿Recientes decisiones como la aprobación en Comisión de Constitución del Congreso de un proyecto para hacer campaña política en semana de representación o los constantes ataques de la presidenta a la prensa, son evidencias de que este riesgo persiste?

-En el informe anual de 2024, la Comisión analiza el seguimiento de la supervisión de las recomendaciones que hizo de su informe en la visita a Perú, donde se dieron las protestas 2022-2023. Me parece que son más de 30 recomendaciones y solamente una se ha considerado cumplida por el Estado que tiene que ver con el tema de los incrementos de fiscalía. Pero todas las demás están en cumplimiento parcial. Ese es un indicador de que las cosas no están bien. Una democracia, para ser tal, debe tener tres poderes del Estado relacionados, pero independientes. No sé qué dirá la Comisión el próximo año, pero hasta lo que vemos ahorita, la situación se está incrementando. En el proceso de aprobación de la ley de impunidad, hubo declaraciones del propio Ejecutivo, diciendo que la Corte había excedido sus funciones porque Perú era un Estado soberano absoluto. Y eso no es cierto, porque todos los Estados que firman tratados ceden voluntariamente parte de su soberanía. Pero además, el Perú aceptó la jurisdicción de la Corte. En cuanto a la semana de representación, más allá de lo legal, más allá de lo constitucional, creo que la reflexión tiene que darse sobre una situación de crisis moral y de valores en el país. A mí me preocupa, más allá de esta situación constitucional, es que 50% de los niños que entre 0 y 6 años están en pobreza, que es la edad en la cual se forman las habilidades... Yo no quiero ser muy dura, pero no encuentro otra palabra: creo que hay un desprecio por la vida de niños y niñas cuando el Estado les da comida malograda y comida de perros; hay un desprecio por la vida cuando se han permitido las violaciones sexuales en Condorcanqui de las niñas awajún. Ni siquiera es un tema de indiferencia, sino ya hay un desprecio total. Y esa es la responsabilidad, más allá de lo político, más allá de lo penal, la responsabilidad grave que es el legado que nos está dejando este gobierno.

Nombramiento de Adrianzén ante la ONU

-¿Cómo se puede tomar que el nuevo representante de Perú ante la ONU, el expremier Gustavo Adrianzén haya tenido cuestionamientos a las investigaciones a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas?

-Es un mensaje claro. Si yo pienso en Naciones Unidas y Perú, pienso en Javier Pérez de Cuéllar, que fue secretario general de la ONU y que era una persona que generaba respeto, con quien podías discrepar, pero que dejaba muy en alto el nombre del país, que no tenía estos cuestionamientos en temas de derechos humanos ni mucho menos. Entonces, yo sí creo que es un mensaje de la imagen que quieren dar a nivel internacional. Y eso también es un llamado a reflexión con todo respeto a la política exterior, al cuerpo diplomático, porque El Perú ha tenido siempre un cuerpo diplomático sólido, con personas que han estudiado en la academia diplomática y que se han fogueado en diferentes consulados y embajadas del mundo y que merecerían desarrollar esa labor. Las discusiones jurídicas, las discusiones políticas, las conversaciones, se dan en el idioma que te pueden entender. Tener un traductor al costado no es igual. Sí tiene importancia, y eso lo sabe cualquier persona que integra un organismo multilateral, donde tienes que negociar directamente con representantes que pueden ser de China, Estados Unidos o Canadá, y tienes que hablar directamente. Y no solo hablar inglés, sino conocer el término jurídico y político. Pero más importante que eso es el mensaje que se da en las características de las personas a las que se les designa en la representación internacional. Y creo que tendría que haber transparencia y sería interesante que la Cancillería nos plantee ante la sociedad, ante el país, cuáles son sus lineamientos y su política exterior en materia de derechos humanos, porque sería interesante conocerlo, sí es que existe. Claro, y ahora esto forma parte de una serie de cosas, como que el Perú haya apoyado la candidatura de un colombiano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando además es una persona que, por las declaraciones que ha dado y los informes, no va con el perfil que ha tenido la Comisión.

-Parece como que, así como un sector ha copado las instituciones aquí en Perú, y que tienen el Tribunal Constitucional, la Defensoría, el Congreso, en fin, también se quiere copar instituciones a nivel internacional para sus intereses. ¿Cómo lo ve?

-Yo por eso insisto en la necesidad de la transparencia de la política exterior del país en materia de derechos humanos. En primer lugar, es la primera vez que un Estado  presente a un candidato de otra nacionalidad cuando Colombia ya ha presentado su candidato. Eso no tiene precedentes. Si la Cancillería tiene alguna razón, debería exponerla y explicar eso. En segundo lugar, un Estado puede presentar una persona de otro país, pero el reglamento de la Comisión no permite que haya dos personas comisionadas de la misma nacionalidad. Entonces, si sale elegido el candidato de Perú, que es colombiano, y sale elegido la candidata de Colombia, que es de ese país, ¿qué va a pasar? Y yo sí creo, y lo digo como ex-comisionada, como ex-presidente de la Comisión Interamericana, pero también lo digo como académica y experta en temas de derecho internacional, no encuentro una razón que pueda justificar lo que yo considero una ofensa para expertos y expertas peruanos. Ni siquiera hablo de gente que piense como yo, que tenga la misma posición, sino que teniendo un país con universidades, con formación, con experiencia, que no se haya puesto de candidato una persona peruana, no lo logro entender. Creo que es ofensivo para todos los abogados y abogadas peruanas, expertos, activistas, había muchísimas personas que se podían presentar. Y más aún, cuando ya hay un candidato de Colombia y eso implica, nuevamente, por eso lo digo, un problema de política exterior. Perú y Colombia han tenido sus diferencias. Esto implica restarle votos a la candidata colombiana, es decir, atacar la posición del Estado colombiano. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Yo he sido presidenta de la Comisión Interamericana cuando el comisionado Bernal, ahora candidato, estaba integrando la Comisión. Y él ha manifestado que no le dejaban expresar su opinión y tal. Yo directamente lo digo. Yo siempre permití, y el Comisionado Bernal puede decir que siempre se le permitió a la Comisión hablar y expresar sus puntos de vista, incluso sabiendo que son tan distintos.

Ley anti-ONG es seguir los pasos de Nicaragua

-El Poder Judicial acaba de admitir una acción de amparo contra la ley antiong y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene pendiente un pronunciamiento por una medida cautela que pidió Demus para seguir representando a las víctimas de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo. ¿Cómo deben resolver este caso?

La famosa ley denominada anti-ONG lo que hace es supervisar de manera violatoria de otros derechos el tema del financiamiento porque ahí viene otro elemento que se repite. Dicen que ahora las ONG van a tener que rendir cuentas. Y eso es una falacia, eso es una mentira. Las ONG rinden cuentas ante la Sunafil, ante la Sunat, ante la propia fuente de cooperación. Pero esta ley lo que está haciendo es seguir los pasos de países como Nicaragua, que lo que está haciendo es negar el derecho de las víctimas a una defensa adecuada, controlando la libertad de asociación y estableciendo una represalia potencial a aquella organización que lleve estos casos. Entonces fíjate, hay una desaparición forzada. El Estado pone esta directiva, entonces cierra la búsqueda. ¿La víctima a dónde irá? No tiene recursos para contratar un estudio de abogados, entonces va a tener que recurrir a una ONG. Pero la ley le dice a la ONG, si usas tus fondos para litigar contra el Estado te puedo sancionar con falta grave, que implica 600 mil dólares más o menos, pero además te puedo quitar tu registro. Entonces la víctima se queda en el aire. Las personas más afectadas, no son las organizaciones sin duda, pero son las víctimas que necesitan justicia y que quieren llevar sus casos ante el sistema internacional porque el sistema interno no funciona. Y no son solamente las víctimas de los 80 y 90. Pensemos en otros casos, como de pensiones, salud, etc.

-Con las declaraciones de algunos representantes del Estado y los funcionarios van a audiencias de la Corte Interamericana, como en la última sobre la demanda por la muerte de Celia Ramos tras someterse a una esterilización forzada, parece que no hay mucha preparación en derecho internacional y derechos humanos, ¿Es una falta de formación?

-Creo que todos los representantes de Estados que van ante una unidad de justicia, evidentemente su posición va a ser defender lo que el Estado plantea. Eso es claro. Pero esa defensa tiene que ser sólida y no puede desconocer estándares internacionales. Y ahí sí creo que hay un problema ni siquiera solamente en la Procuraduría, sino a nivel general. En algunas audiencias ante el Tribunal Constitucional, por ejemplo, escuché que sólo eran obligatorias para el Perú las sentencias de la Corte Interamericana en las que el Perú había sido parte. Es más, hay una modificación del Código Procesal Constitucional donde se dice que solamente son obligatorias las sentencias de las que el Perú es parte. Eso es absurdo porque el sistema interamericano, la Comisión y la Corte Interamericana, por algo está integrado por personas de diferentes países, da audiencias públicas, y sienta precedentes. Sí creo que hay una falta de formación, de estudio, en derecho internacional, y que a nivel del Estado, una buena política sería capacitar y formar.

-Pero no hay muchos lugares donde se puedan desarrollar estas capacitaciones…

-Más allá de las universidades en las que uno puede hacer el curso de educación continua, actualización, existimos varias docentes que damos talleres y capacitaciones virtuales. Yo misma voy a dar uno que empieza el 30 de junio. Son cuatro clases sobre fundamentos del derecho internacional. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Cómo surgió el derecho internacional? ¿Por qué es obligatorio para el Perú? ¿Qué es el control de convencionalidad? ¿Cómo funciona Naciones Unidas? ¿Y cómo funciona el sistema interamericano? Es un taller que no está dirigido solamente a abogados, porque creo que es importante también que periodistas y personas de cualquier situación, o los que eventualmente van a tener que llevar un caso para que sepan cómo defenderse.