Julissa Mantilla : “Copar todas las instituciones es pasar de una democracia real a una formal”

Julissa Mantilla es la primera peruana en alcanzar la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cargo que ocupó el 2022. En esta entrevista explica que salirnos del Sistema Interamericano, que a toda costa parece buscar el Congreso, perjudicaría solo a la población. Advierte, además, del peligro que implica copar todas las instituciones.

—Usted escribió un tuit advirtiendo la gravedad de la creación de alto nivel para recomendar cambios al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, condicionando a ejecutarlos en 180 días. ¿Puede hacerlo un país?

—En primer lugar, un Estado puede proponer reformas, está establecido en el artículo 76 de la Convención Americana, lo que preocupa es que el documento de la propuesta diga: proponemos reformas, damos un plazo de 180 días para que nos contesten, y a partir de allí vemos si nos salimos o no del sistema. Cuando se presentan reformas, los Estados tienen que revisarlas, opinar, y cuando les pones en plazo de esta manera, que es imposible de cumplir, a mi juicio, lo que está buscando es una excusa para retirarse del sistema. En segundo lugar, por supuesto que un Estado puede denunciar la Convención, pero el artículo 78 establece dos cosas: que la denuncia se hace efectiva un año después de informar la decisión y que todos los hechos de violaciones a derechos humanos que se produjeron antes de que la denuncia se haga efectiva se siguen investigando. La Corte Interamericana publicó la opinión consultiva 26 donde establece que las obligaciones del Estado asociadas a la Carta de la OEA y la Declaración Americana perduran pese a la denuncia, que la obligación de cumplir con las reparaciones establecidas en las sentencias sigue vigente y que si un Estado denuncia la Convención Americana sigue obligado por los otros tratados que haya suscrito.

— ¿Un plazo de 180 días es irreal?

— No le puedes establecer un plazo al Sistema Interamericano. El Estado peruano puede proponer reformas, pero todos los demás Estados de América Latina y el Caribe las tienen que evaluar y debatir. Más allá del número de días, es un condicionamiento, y que un Estado condicione su permanencia en el sistema a la aceptación de sus reformas es una manera de incumplir el principio de buena fe que inspira los compromisos internacionales.

—Salirse del sistema interamericano no le compete al Congreso, ¿no?

—Claro. Según la Constitución, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales es responsabilidad de la Presidencia de la República y por eso existe una Cancillería. Pero el Congreso crea esta comisión donde incluye al canciller. Yo hubiera esperado que la Cancillería aclare el tema y me sorprende que, dentro de la autonomía de los poderes del Estado, no haya habido una toma de posición señalando que el Ejecutivo es quien toma este tipo de decisiones.

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—Tiempo han tenido el canciller y la presidenta Boluarte porque el proyecto ha requerido dos votaciones. ¿Por qué no lo hicieron?

—Aquí hay varias cosas para analizar. Yo voy a insistir, aunque pueda parecer medio ingenuo que esa sea la única razón, en que hay mucho desconocimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Una reflexión general es que se convoque a asesores y asesoras que sepan de derecho internacional. Además, hay silencios estruendosos, y aquí se ha producido uno de esos. Cuando tienes una iniciativa que en el contenido es irreal, desconoce los tratados, y quedas en silencio, estás avalando algo que va contra todos los principios internacionales.

— ¿Sería cómplice?

— Eso es lo que parecería y por eso urge una aclaración.

—Este silencio también podría deberse al informe de la CIDH del año pasado sobre las muertes en las protestas sociales…

—Sí. La Comisión analiza los hechos e informa sobre su metodología en el informe: con quién se entrevistó, cuándo vino, a dónde fue, siempre en coordinación con el Estado, porque no puede entrar a un país si el Estado no lo acepta. Y luego, cuando evalúa los hechos, establece que hay presuntas violaciones de derechos humanos e insta a la Fiscalía a investigar. En ningún momento la Comisión calificó ni condenó, sino que le pide al Estado peruano que investigue. Y fíjate que hay casos de personas que no mueren por los disparos en las protestas sino porque no reciben atención médica, porque el centro de salud o la posta no tenía los implementos para atenderlos, o porque no había helicópteros para trasladarlos a Lima. Allí tenemos una situación grave en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y a eso súmale la gente que sigue con perdigones y con heridas hasta el momento. Yo respaldo al mil por ciento el informe de la Comisión que, además, establece algunos principios de información interesantes. En primer lugar, que la protesta es un derecho, pero no se puede avalar la violencia; y que el uso de la fuerza es una facultad del Estado, pero tiene que ser una fuerza proporcional. Cuando decides que el Ejército salga y que no solamente la Policía esté a cargo, como Estado asumes la responsabilidad porque sabes para qué está preparada cada institución, y si en la represión se presentan hechos de violencia, se tiene que investigar a profundidad, sobre todo cuanto existen videos y declaraciones que muestran que hubo casos de personas que simplemente estaban caminando, incluso menores de edad. Y que la Comisión haya incluido eso en el informe no es un ataque al Estado, más bien que un Estado salga de la Convención es desproteger a su población, porque son los ciudadanos y ciudadanas quienes recurren a la Comisión. No es un sistema pensado para atacar al Estado sino para proteger a la gente, al Sistema Interamericano se acude por casos de personas desaparecidas, torturadas, ejecutadas, pero también por temas de derechos laborales, salud, violencia contra la niñez, que no han recibido justicia en el sistema interno. Por ejemplo, recientemente la CIDH admitió un caso de ex trabajadores de la Southern Peru Cooper que no habían recibido sus acciones laborales y también el de un ex policía que considera que fue pasado al retiro injustamente. El Sistema Interamericano es la última esperanza en casos así.

—Si Perú denuncia el sistema interamericano en 180 días, ¿ya no llegarían denuncias de casos como, por ejemplo, las muertes en las protestas contra Boluarte y el Congreso?

—Hay un plazo de un año desde que se presenta la denuncia, y recién después esta se hace efectiva, pero todo lo que pasó antes, todo lo que se está investigando, sigue en curso.

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—¿Aunque el caso de las muertes en las protestas no haya llegado como denuncia, pues está en la CIDH, no en la Corte Interamericana?

—Si bien la Comisión tienen un informe, este documento no se traslada a la Corte. Para que se analice el caso, alguna de las víctimas, luego de agotar recursos internos y si considera que no se respetan sus derechos, puede presentar una petición ante la Comisión así el Estado haya salido del sistema, pues el hecho pasó cuando estaba en vigencia la Convención Americana. Si alguien está pensando: me retiro para que el caso no llegue a la Corte, está en un error y muy grave. Por eso la Comisión lleva casos de Nicaragua, de Venezuela y los puede trasladar a la Corte, porque los hechos se han producido antes del retiro. Por lo tanto, los hechos ocurridos en Perú podrían ser investigados.

—La lentitud de las investigaciones indigna a los familiares de las víctimas. ¿Cómo ve el incidente contra Boluarte en Ayacucho?

—Hay casi 50 personas muertas y eso debe ser el centro del debate: investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. La violencia no se avala, pero hay que mirar más allá del hecho concreto, mirar qué está pasando en estos momentos luego de un año de los hechos. Vivimos en un país tan dividido y polarizado, y un gobernante no puede viajar a Ayacucho o Puno como si nada pasara, sino que es su deber ir e iniciar un diálogo, y eso implica asumir los hechos y facilitar las investigaciones, pero si se pretende ir como si nada y decir que miremos para adelante, esa es una falta de respeto a los muertos y a los familiares.

— El presidente del BCR advirtió hace poco que la inestabilidad política afecta la economía, principalmente de los inversionistas extranjeros. ¿Cómo nos ven afuera?

— De lo que he podido percibir en las conversaciones con embajadores y embajadoras, nos ven con mucha preocupación por la inestabilidad política y por la inseguridad ciudadana, que está avanzando. Hay una sensación como que estamos en piloto automático, y afuera eso no se ve bien. Y buscar salirse del Sistema Interamericano, denunciar la Convención es apuntarle al objetivo equivocado. Vamos a pensar que el Perú se retira ¿eso va a mejorar la situación? No, eso implica mayor desprotección para la población. Preocupa también que hay una distancia enorme entre Lima y el resto del país, que es algo que lamentablemente pasa y que no se soluciona con discursos que apuntan hacia el olvido que siempre deviene en impunidad.

—¿Cómo ve esta alianza entre Ejecutivo y Legislativo para quedarse en el poder?

—Me preocupa por un principio básico de separación de poderes, que es lo que debería primar. No se puede decir, en general, que eres un Estado democrático cuando no respetas principios básicos. La democracia es la base de los derechos humanos, que es el reconocimiento de la dignidad humana, y cuando empiezas a violentar a nivel interno, la estabilidad democrática, la institucionalidad, empiezas a arruinar al país. Lo peligroso es que cuando no hay límites en esto, ya no hay vuelta atrás.

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—¿La Junta Nacional de Justicia es clave?

—Por supuesto. Su creación se dio luego del conocido escándalo de los Cuellos Blancos del 2018, con la filtración de los audios de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y luego del referéndum para la reforma constitucional, que reemplaza el CNM con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La JNJ es un elemento de garantía y tiene que ser defendida. No digo que no pueda haber sanciones si es necesario, pero tienen que seguirse los procedimientos. Por eso digo que el problema es que se desgasta la institucionalidad democrática y eso tiene un impacto internacional. La Comisión Interamericana se pronunció sobre el tema de la JNJ señalando que la eventual remoción de sus miembros, sin el respeto pleno a las garantías del debido proceso y el principio de legalidad, contribuiría al debilitamiento de la independencia judicial en el Perú.

—Si toman la JNJ, ¿qué pasaría?

—Copar todas las instituciones es pasar de ser una democracia real a una formal, sin transparencia y sin garantías para la población. En ese punto, la observación internacional es lo único que queda. No entiendo cómo se puede pensar que copar todas las instituciones será algo bueno para el país.

— ¿Nos pondría como Nicaragua y Venezuela?

— Probablemente. Copar todas las instituciones es peligrosísimo, es dejarnos en la desprotección, y si sales del sistema interamericano, es peor.  El último intento de salirse fue de Alberto Fujimori, que ni siquiera era de todo el Sistema sino de la jurisdicción de la Corte IDH. Volver a esa situación no es el camino.

—Usted fue candidata a la reelección como nuestra representante anta la CIDH pero retiraron la propuesta. ¿Le dieron una explicación?

—Ninguna. He sido comisionada hasta el 31 de diciembre pasado. Y en este tema quisiera hacer algunas precisiones: El 7 de diciembre de 2022, cuando el expresidente Castillo da el autogolpe, renuncia el Embajador ante la OEA Harold Forsyth, y el 21 de diciembre asume la canciller Ana Cecilia Gervasi. Mi candidatura se presenta ante la OEA el 14 de febrero de 2023, es decir, en el gobierno de Dina Boluarte. El 23 de febrero asume el embajador Gustavo Adrianzén como representante ante la OEA y en toda la campaña para la reelección –totalmente financiada por mí– siempre me acompañó él o alguien de la misión peruana. Es más, el embajador Adrianzén le decía a los demás embajadores que la voluntad de Perú era de tal respeto por el Sistema Interamericano, que presentaban mi candidatura a la reelección. El 17 de abril fue mi último viaje a Washington para la campaña, tuve reuniones con el embajador Adrianzén y los abogados de la misión, y el 28 de abril retiraron mi candidatura.

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—¿No le avisaron?

—No. Yo estaba en una misión como comisionada en Honduras y entré a una reunión con la presidenta Xiomara Castro. Dejamos los celulares al ingresar a su despacho y al salir y encender mi teléfono, había mensajes de amigos y colegas diciendo “lo lamento”. Al preguntar qué pasó, me reenviaron el tuit del Gobierno de Perú anunciando el retiro de mi candidatura. Nadie me dio una explicación entonces ni hasta el momento. Lamentablemente, la decencia no se improvisa.