Congreso: comisiones manejadas por Fuerza Popular, Perú Libre y APP impulsan contrarreformas y blindajes
Controladas. El fujimorista Fernando Rospigliosi a cargo de Constitución, la apepista María Acuña en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el cerronista Isaac Mita en Justicia. Las comisiones de Rospigliosi y Mita impulsan contrarreformas y en la de Acuña, la presidenta Dina Boluarte es blindada.
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Los partidos políticos Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Perú Libre, además de dominar la Mesa Directiva del Congreso, también presiden las comisiones claves de esta institución, donde nacen contrarreformas y se archivan las acusaciones constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte.
Comisión en manos del fujimorismo
La Comisión de Constitución del Congreso es una de las más importantes. Desde hace cuatro años es presidida por parlamentarias de Fuerza Popular. Primero fue la congresista Patricia Juárez, después el el exparlamentario “Nano” Guerra García, luego su colega Martha Moyano y actualmente es Fernando Rospigliosi.
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De esta comisión nacieron propuestas que llegaron a ser leyes como la restitución de la la reelección congresal y la bicameralidad, la regulación de la cuestión de confianza para empoderar al Congreso, la eliminación de las elecciones primarias, la disposición de incrementar el número de congresistas a 237 para los comicios del 2031, facultar a la Policía Nacional del Perú (PNP) a liderar las investigaciones preliminares de presuntos delitos y la amnistía para casos de lesa humanidad.
Con Rospigliosi en el mando, la Comisión de Constitución ha emprendido una nueva contrarreforma: la restitución de la inmunidad parlamentaria para delitos comunes. El dictamen ya fue aprobado, pero falta que sea discutido y votado en una sesión del Pleno.
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Perú Libre en Justicia
La Comisión de Justicia lleva tres años presidida por congresistas de Perú Libre. Primero fue el parlamentario Américo Gonza Castillo, siguió su colega Janet Rivas y ahora ese cargo lo tiene el congresista Isaac Mita.
En el periodo de Rivas la Comisión de Justicia inició un proceso de investigación sumaria contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El informe de la comisión planteó remover a los magistrados, pero no llegó a ser aprobado en el Pleno del Congreso. Fue un intento fallido contra la institución encargada de nombrar, ratificar y destituir fiscales y jueces.
En la Comisión de Justicia nacieron los dictámenes de las leyes que modificaron la tipificidad de las organizaciones criminales y la referidad a la detención preliminar en casos de flagrancia.
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Ambas llegaron a ser aprobadas en el Pleno. La primera fue modificada, en medio de la crisis de inseguridad ciudadana. La segunda, en cambio, llegó a ser promulgada, pero después tuvo que ser corregida para restituir la detención preliminar.
La comisión de Mita todavía tiene otras propuestas que discutir, como las que presentó su colega de bancada José Balcázar, quien plantea que el Congreso pueda elegir fiscales y jueces supremos, y la regulación de la potestad de los magistrados de aplicar el control difuso y de convencionalidad sobre leyes inconstitucionales.
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SAC dirigida por APP
Por su parte, desde hace cuatro años la Subcomisión de Acusaciones del Congreso (SAC) es liderada por legisladora de APP. La primera en presidirla en este quinquenio fue la congresista apepista Rosío Torres, investigada por presunto recorte de sueldo. En su periodo, fue enviado al archivo la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino por el caso Inti y Bryan.
Después de Torres, asumieron la presidencia sus colegas Lady Camones y María Acuña. A la SAC llegaron denuncias constitucionales por presunto recorte de sueldo. Solo una fue aprobada. Casos como los de Torres, fueron enviados al archivo.
También llegaron, en lo que va de este quinquenio, 34 denuncias constitucionales contra la presidenta Dina Boluarte. Ninguna de ellas fue aprobada. Ese es el balance.
Este lunes, fuentes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informaron a este diario que, en realidad, hay 40 denuncias constitucionales contra la mandataria Boluarte. Una fue enviada al archivo tras votarse un informe final y otras 15 fueron archivadas por ser declaradas improcedentes. Las demás todavía no son debatidas.
