Dina Boluarte: Estado gastó más de 2 millones de soles para defensa legal de la presidenta y otros funcionarios

El gobierno de Dina Boluarte vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, una publicación del semanario 'Hildebrandt en sus trece' detalló cómo desde el Poder Ejecutivo se han destinado más de 2 millones de soles a la defensa legal de la propia Boluarte, de sus ministros, y de otros funcionarios y policías también denunciados. Del total de 2.06 millones de soles, 480.000 soles provinieron del propio Despacho Presidencial; de esa suma, 180.000 fueron destinados a Joseph Campos, abogado de Boluarte, quien la representa ante el Tribunal Constitucional y en el caso de las cirugías estéticas.

Según el informe, uno de los más beneficiados sería el exministro Juan José Santiváñez. Tras ser censurado, Santiváñez fue designado como jefe de la Oficina General del Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Ha sido favorecido con 410.000 soles asignados para su defensa legal.

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Asimismo, el estudio jurídico del exministro también ha sido contratado por distintos funcionarios del Estado. Un caso similar es el del estudio Abanto Verástegui Arce & Abogados S.C.R.L., cuyo abogado principal es Humberto Abanto Verástegui, defensor de Wilfredo Oscorima en el caso “Rolex”, y de Jorge Yoshiyama, Pier Figari y Ana Herz en el caso “Cócteles”. Actualmente, Abanto Verástegui está siendo investigado por presuntamente haber favorecido a la empresa Odebrecht —acusada de corrupción— en tres laudos arbitrales.

La publicación también reporta que otros abogados beneficiados con contratos estatales fueron Edwin Joel Bustamante Montalvo y Juan Antonio León Ambía, con pagos de más de 100.000 y 50.000 soles, respectivamente. De igual manera, el estudio Óscar David Gonzáles Bernuy & Asociados recibió 48.000 soles por contrataciones similares.

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Joseph Campos deslegitimó protestas contra la presidenta

Durante la audiencia del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público —con la intención de evitar que la fiscalía investigue a Dina Boluarte mientras ejerce funciones—, el abogado Joseph Campos, defensor de la mandataria, afirmó que las movilizaciones registradas en diciembre de 2022 y enero de 2023 en Ayacucho, Puno y otras regiones del país, las cuales dejaron más de cincuenta muertos, no constituyen protestas legítimas y, en su opinión, no están protegidas por la Constitución. De acuerdo con su argumento, esta sería una razón por la cual los procesos fiscales en contra de Boluarte no tendrían fundamento.

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Campos sostuvo que los hechos registrados durante esas movilizaciones no cumplen con los criterios para ser reconocidos como manifestaciones sociales amparadas por el orden constitucional. Asimismo, el letrado expuso distintas hipótesis sobre el comportamiento de los efectivos policiales durante la represión de las protestas, relativizando la responsabilidad del Estado frente a las víctimas. Aseguró que, si bien es posible que un agente haya ocasionado la muerte de un manifestante, también cabría la posibilidad de que actuara confundido o bajo presión, e incluso que la muerte fuera producto de un accidente. También sugirió que algunas víctimas pudieron haber iniciado una agresión contra los policías, lo que habría provocado una reacción que, según él, merece ser evaluada antes de calificarla como desproporcionada.

"Pudo haber una víctima a causa de un policía, pudo haber sucedido. Pero también pudo tratarse de un policía confundido, asustado, que actuó en esas circunstancias. Pudo haber muerto por una triste casualidad. También podría tratarse de una persona que efectivamente agredió a un policía, provocando una respuesta reactiva que habría que evaluar si fue adecuada (…) Todas esas posibilidades deben ser consideradas", declaró ante el TC.