De aliado a enemigo: César Acuña denuncia al Gobierno de Boluarte de favorecer a minera La Poderosa

César Acuña, gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), ha pasado de ser un aliado del Ejecutivo a convertirse en uno de sus más severos críticos. Acuña ha acusado al gobierno de Dina Boluarte de priorizar la seguridad de la empresa minera La Poderosa en la provincia de Pataz, mientras desatiende las necesidades de la población local que enfrenta violencia y abandono estatal.

"Yo no voy a permitir que el Ejecutivo se burle de Pataz", declaró Acuña, cuestionando la falta de diálogo entre los ministros y las autoridades locales durante sus visitas a la región. Además, respaldó una marcha pacífica en Trujillo organizada por los habitantes de Pataz para exigir un trato equitativo y mayor seguridad, la cual se desarrollará este miércoles en el centro histórico de la ciudad norteña.

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Esta denuncia se produce en un contexto de reciente declaración de emergencia en la Pataz, donde la violencia relacionada con la minería ilegal ha cobrado numerosas vidas. En esa línea, Acuña también ha criticado la tardanza del Gobierno en instalar una base militar en la zona, una medida que su administración habría solicitado desde el año pasado.

"Tiene que haber pasado lo que pasó, con 13 muertos, para que recién se decida actuar", lamentó el gobernador, refiriéndose a la reciente masacre de mineros. Estas declaraciones reflejan una creciente fractura entre el gobierno central y las autoridades regionales, en medio de una crisis de seguridad que continúa afectando a las comunidades locales.

Reclamo directo al Consejo de Ministros

En otro momento, César Acuña criticó que, pese a la gravedad de la situación en Pataz, durante la última visita oficial el gobierno central no se convocara al alcalde provincial ni a representantes locales. “Muy mal que cada vez que van a Pataz no llamen al alcalde provincial ni a las autoridades locales”, señaló con firmeza.

Acuña también cuestionó la manera centralista con la que el Gobierno toma decisiones que afectan directamente a las comunidades. En tono sarcástico, apuntó: “Vamos a invitar o definir a qué minero le invitamos acá, para que aprendan a escuchar a la población”, dejando entrever su descontento ante lo que considera un trato preferencial hacia las empresas mineras por encima de las necesidades ciudadanas.