José Domingo Pérez: Fuerza Popular infringió la Ley de Organizaciones Políticas y vulneró principios democráticos
En un informe que Pérez Gómez envió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con el propósito de que se investigue la ilegalidad del partido, concluyó que Fuerza Popular también infringió los principios de legalidad y rendición de cuentas.
Antes de su suspensión por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, el fiscal José Domingo Pérez envió un informe a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el que concluyó que Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, vulneró gravemente los principios democráticos de transparencia, legalidad, igualdad en la competencia electoral y rendición de cuentas. Asimismo, Pérez Gómez enfatizó que el partido fujimorista infringió la Ley de Organizaciones Políticas desde 2011 hasta la actualidad.
Como se recuerda, el último 26 de marzo, Espinoza encargó al fiscal Pérez la elaboración de este informe en el marco de las investigaciones sobre la ilegalidad del partido, tras la denuncia de una ciudadana por “conductas antidemocráticas”.
Informe de José Domingo Pérez.
José Domingo Pérez: Fuerza Popular vulneró principios democráticos
De acuerdo con el informe de Pérez Gómez, Fuerza Popular realizó actividades contrarias a los principios democráticos, como la clandestinidad y el anonimato en la captación de fondos presuntamente ilícitos durante las Elecciones Generales de 2021. El fiscal puntualizó que el partido fujimorista habría recibido dinero en efectivo mediante un mecanismo informal y encubierto, con el fin de ocultar el origen real de dicho monto, desde su local partidario, por un total de S/1,2 millones.
La acusación se basa en que María Cordero Jon Tay habría entregado sumas de hasta S/50.000 que no fueron declaradas ante la ONPE, en el contexto de las visitas de Keiko Fujimori a Tumbes. De acuerdo con el artículo 31 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), los aportes no declarados se presumen de fuente prohibida.
En esa misma línea, el fiscal señala que estos comportamientos del fujimorismo tuvieron como objetivo captar recursos económicos de manera clandestina, con el propósito de encubrir tanto el origen como la identidad de los aportantes, muchos de los cuales estarían vinculados a personas jurídicas prohibidas de financiar organizaciones políticas. El informe agrega que el uso de aportes encubiertos por parte de empresarios buscaría influir en las decisiones del Congreso para obtener algún beneficio legal, afectando así el principio de igualdad política y la libre competencia electoral.
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Aportes a Fuerza Popular y presuntos aportes simulados
El informe no se detuvo ahí. José Domingo Pérez argumentó que las entregas de dinero en efectivo a Fuerza Popular fueron simuladas como aportes en especie durante la segunda vuelta de las Elecciones 2021, con el objetivo de eludir los mecanismos de control sobre el financiamiento político.
El fiscal puntualizó el caso de Rosa Eulalia Perales, quien habría entregado S/19.800 a través de Daniel Ubillus, dinero que fue utilizado para pagar tasas administrativas de impugnación; sin embargo, el partido registró dicho monto como un aporte en especie. Pérez Gómez también comparó este caso con el de Jaime Barco, quien habría realizado un supuesto aporte de S/8.580 en efectivo en el local partidario, pero que también fue declarado como una entrega en especie.
Asimismo, el fiscal suspendido detalló otros aportes personales por montos de S/66.000, S/136.400, S/54.750, S/19.800, S/42.900, S/84.700 y S/60.500, los cuales habrían sido entregados en efectivo, pero registrados como aportes en especie.
"Con ello se puede terminar un patrón sistemático: personas naturales realizaron aportes en efectivo a Fuerza Popular para financiar tasas de impugnación electoral. Sin embargo, el partido registró dichas entregas como aportes en especie, emitiendo recibos con información que no se ajusta a la realidad. Estos aportes en efectivo, que fueron falsamente reportados como aportes en especie ante la ONPE, se usaron con el objetivo de financiar una estrategia para impugnar resultados. Esta estrategia se enmarcó en una narrativa de "fraude electora"", se lee en el documento.
Fuerza Popular habría utilizado falsos aportantes
El fiscal José Domingo Pérez detalló en su informe que Fuerza Popular declaró ante la ONPE una serie de aportantes, durante las Elecciones 2021; sin embargo, esas personas negaron haber efectuado algún aportes de dinero debido a que no contaban con la capacidad financiera para realizarlo. "Esta situación revela la existencia de presuntos falsos aportantes y encubrimiento de fuentes de financiamiento, lo que configura actividades contrarias a los principios democráticos, conforme al artículo 14 de la Ley de Partidos Políticos", se lee en el documento.
Para sustentar su informe, Domingo Pérez citó los casos de ciudadanos que habrían aportado cifras de más de S/18.000, pero que solo cuentan con ingresos de S/950 mensualmente, así como personas que están jubiladas. El partido fujimorista reportó aportes de S/1.100, S/9.000, S/2.000, S/3.000, S/11.000, S/13.200, S/5.500 y S/3.300, pero los aportantes lo negaron.
Informe de José Domingo Pérez
Fuerza Popular y el "fraude electoral"
El fiscal José Domingo Pérez incluyó en su informe el siguiente capítulo de "actividades contrarias a los principios democráticos: instrumentalización del fraude electoral como estrategia de captura del poder y desligimizar del sistema democrático".
Pérez Gómez señaló que esta estrategia fue acompañada por una campaña de desprestigio generalizada en medios de comunicación y redes sociales, a través de noticias falsas, mensajes de odio y amenazas dirigidas a los organismos electorales y a Pedro Castillo.
De acuerdo con el informe, esta estrategia habría sido utilizada para captar fondos presuntamente ilícitos con el fin de financiar las tasas de impugnación de actas y solicitudes de nulidad contra los resultados electorales de las Elecciones 2021.
"Se advierte que este comportamiento del partido político Fuerza Popular a través de sus integrantes, evidencia una operación sistemática para deslegitimar las elecciones, obtener réditos económicos con recursos ilícitos, y socavar la institucionalidad democrática del país con el fin de asegurar impunidad y control político, valiéndose del discurso del fraude y del miedo al comunismo como elementos centrales de manipulación", se lee.
