Incautaron inmueble de la UAP que estaba bajo fideicomiso
Mala señal. La propiedad de US$10 millones de dólares ya fue entregada a la Superintendencia Nacional de Migraciones, no obstante que no es propiedad de la universidad y se encuentra bajo la tutela de la Corporación Fiduciaria SAC (CORFID), por lo que es inembargable.
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El 25 de febrero de este año fuerzas policiales hicieron un amplio despliegue para dar cumplimiento a un mandato de incautación judicial de bienes del excongresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra y de la Universidad Alas Peruanas (UAP), en un proceso por presunto lavado de activos. Sorprendentemente, entre los inmuebles intervenidos durante el operativo, se encuentran dos que no son parte de la propiedad de la entidad universitaria sino de un fideicomiso.
Sin embargo, el juez del caso, Víctor Zúñiga Urday, ratificó la incautación de dos inmuebles de la universidad: una en Lima, valorizada en US$10 millones, y una segunda, en la región Amazonas. En el caso del primer bien, incluso este ha sido asignado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) a la Superintendencia Nacional de Migraciones.
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De acuerdo con la investigación fiscal del caso, el exrector y exgerente general de la UAP Fidel Ramírez Prado y miembros de su familia, entre ellos su esposa, y sus dos hijas y sus sobrinos Joaquín y Osías Ramírez, fueron parte de una organización que desfalcó a la universidad, de propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas.
Magistrado. El juez Víctor Zúñiga Urday ratificó incautación de bien en fideicomiso. Foto: difusión
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Inmueble inembargable
Por lo tanto, la institución fue víctima de las actividades ilegales del Clan Ramírez. Sin embargo, las autoridades dispusieron de la incautación de los bienes de la UAP creyendo que fueron producto de las actividades de los Ramírez. Incluyendo a dos inmuebles que no son propiedad de la entidad universitaria sino de un fideicomiso, constituido por un patrimonio autónomo, considerado inembargable e independiente del patrimonio del fideicomitente (en este caso, la universidad).
“El juez Víctor Zúñiga Urday ha emitido una resolución de incautación sobre un predio ubicado en la avenida San Felipe 109 en Lima, inmueble fue entregado por la Universidad Alas Peruanas en fideicomiso a la Corporación Fiduciaria SAC (CORFID)”, explicó el abogado Miguel Ávalos Alva, del estudio Caro y Asociados, encargado de la defensa de la UAP.
“La cuestión es que ese bien, por ley, no puede ser contado como parte del patrimonio de la universidad, ni tampoco se encuentra bajo la disponibilidad de la universidad”, detalló Ávalos.
“Aun si la universidad quisiera disponer de ese bien, no puede hacerlo. Pese a eso, ha sido incautado sin que se cumplan los presupuestos básicos para dictar esa medida de incautación. Esta imposibilidad de incautar ese bien es tan clara que incluso cuando se dictó la medida, la registradora de Sunarp (Superintendencia Nacional de Registros Públicos), Diana Farfán, señaló que la orden judicial de incautación no puede inscribirse en los registros porque el titular del predio no es la UAP sino CORFID”, precisó.
El abogado Wilber Medina Bárcena coincidió en que no existe norma legal que sustente la decisión judicial de incautar un bien que se encuentra administrado por otra entidad, en este caso por una fiduciaria, CORFID. Algo fácilmente comprobable en Registros Públicos, señaló.
Identificados. Según la fiscalía, Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori afectaron a la UAP. Foto: difusión
Controversia legal
“Lo que dice la ley es que solo se pueden dictar medidas cautelares pero respecto a personas investigadas o procesadas. En este caso, la empresa fiduciaria CORFID no está siendo ni investigada ni procesada en la carpeta ni en el expediente que se le sigue, entre otras personas, a la Universidad Alas Peruanas. Por lo tanto, se está cometiendo el delito de prevaricato porque está afectando bienes de personas jurídicas que no son objeto de investigación ni en la carpeta ni en el proceso penal”, argumentó Medina.
“En este caso corresponde es apersonarse al proceso, pedir que se declare sin efecto esa incautación y, por lo tanto, se levante esa medida cautelar contra el bien que corresponde a esta empresa fiduciaria (CORFID), ajena al proceso. La otra vía es plantear una acción de amparo contra la decisión del juez de afectar una propiedad de una persona ajena al proceso penal”, indicó Medina.
De acuerdo con la investigación fiscal del caso, Joaquín Ramírez y Osías Ramírez, sobrinos del exrector y exgerente de la UAP Fidel Ramírez Prado, fueron parte de la red para expoliar a la universidad, en complicidad con Keiko Fujimori y el dirigente fujimorista Pier Figari Mendoza. Sin embargo, la universidad recibe el mismo o peor trato, cuando los robos fueron en su agravio.
La fiscalía que investiga el caso recibió de la misma universidad amplia información sobre cómo Fidel Ramírez y su sobrino Joaquín Ramírez simularon una serie de operaciones para comprar y alquilar inmuebles, destinados a centros de estudios de la UAP por todo el país.
También aportó documentación que comprueba que las hijas de Fidel Ramírez, Nancy y Maribel Ramírez Gallegos, fundaron empresas de pantalla que prestaron supuestos servicios a la UAP, como asesoría jurídica, seguridad, tecnología digital y otras.
Toda esta información fue usada por la fiscalía para imputar a Joaquín Ramírez y a sus primas graves delitos, incluyendo a Keiko Fujimori.
