ONU advierte a Perú que proyecto para poner plazos a la búsqueda de desaparecidos incumple estándares internacionales de DDHH
Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU envió una carta a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre 1980 y 2000, en la que cuestiona el proyecto de directiva que pretenden aprobar, que en la práctica pondría fin al proceso para hallar a miles de víctimas aún pendientes.
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Un llamado de atención al Gobierno peruano hizo el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas de la ONU, advirtiéndole que no puede poner plazos a la investigación para hallar a los desaparecidos en los años de guerra interna, como pretende hacer la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre 1980 y 2000 mediante una directiva que quiere aprobar, afectando a cerca de 20.000 casos aún pendientes.
En una carta enviada el último 17 de febrero al director de dicha entidad, Javier Pacheco, la presidenta de la organización supranacional, Gabriella Citroni, alerta que poner fin a la búsqueda de las víctimas "incumple con los estándares internacionales de derechos humanos al no reconocer el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la naturaleza continuada de la obligación de búsqueda de las personas desaparecidas".
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Precisamente, la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas piensa aprobar un reglamento en el que establece que la investigación debe durar máximo nueve meses, con posibilidad de ampliarse seis meses en casos complejos. Y si pese a ello no se encuentran los restos, se emite una resolución que concluye la investigación humanitaria, con lo que se cierra el caso y con ello las esperanzas de los miles de desaparecidos de los años de violencia política.
Conclusiones de la Carta enviada por el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU enviada al Estado peruano
Asimismo, el Grupo de Trabajo de la ONU insta al gobierno peruano y en especial a la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas a facilitar información sobre el proyecto a aquellas organizaciones de familiares y víctimas interesadas, a fin de que se cumpla con los "niveles de transparencia, escrutinio, consulta y participación exigidos por los estándares internacionales".
Además, recomienda al Estado que la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas cuente con un presupuesto autónomo, así como con los recursos económicos y técnicos necesarios para continuar con su labor humanitaria, reiterándole su disposición de apoyarlo con asistencia técnica y de cooperación a fin de esclarecer los casos de desaparición forzada en Perú.
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