Poder Judicial incauta una vivienda y más de 292 mil soles vinculados a Vladimiro Montesinos
La Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima consiguió la extinción de dominio de dos bienes vinculados a actividades ilícitas de Vladimiro Montesinos, los cuales serán trasladados al Estado.
La República en GoogleEl Poder Judicial declaró fundada la demanda de extinción de dominio sobre un bien inmueble valorizado en S/119.975 y la suma de S/ 292.370, bienes, de propiedad de J.A.B.O. y L.C.B.O. que provienen de actividades ilícitas realizadas por Vladimiro Montesinos y otros exfuncionarios públicos durante los años 1990-2000. Estos serán trasladados a favor del Estado.
El pedido fue realizado por la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio y logró evidenciar que los bienes incautados provenían de delitos como enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios y cohecho, en perjuicio del Estado.
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Específicamente, con el proceso irregular de adquisición de aviones y helicópteros, así como el manejo indebido de la Caja de Pensiones Militar Policial, hechos protagonizados por Montesinos y exfuncionarios como Juan Silvio Valencia Rosas, Víctor Alberto Venero Garrido y Víctor Manuel Malca Villanueva.
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A través de la información publicada por el Ministerio Público, este fallo judicial se dictó en un proceso que respetó todas las garantías legales, garantizando el derecho de los involucrados a defenderse, presentar pruebas y ser juzgados por un tribunal imparcial. "Las Fiscalías Especializadas de Extinción de Dominio continúan trabajando en la persecución de los delitos contra la administración pública, utilizando la afectación de bienes y activos de origen o destino ilícito como herramienta efectiva", señalaron.
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El Poder Judicial sentenció a Rodolfo y Ludith Orellana a cinco años de prisión efectiva por corrupción de funcionarios. Rodolfo Orellana entregó $4.000 al exfiscal provincial provisional Eduardo Egusquiza para que archivara una investigación en su contra por presunta falsificación de documentos. Egusquiza, quien intentó favorecer al 'Clan Orellana', fue condenado a seis años de prisión por cohecho pasivo específico.
Los hechos ocurrieron en 2013, cuando Egusquiza solicitó el soborno a través del efectivo policial Luis Siesquén Ampuero, miembro de la red criminal. La transacción se concretó en septiembre de ese año, evidenciando la corrupción entre funcionarios y la organización. La sentencia no solo implica la privación de libertad para los involucrados, sino también su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Asimismo, el Poder Judicial impuso una reparación civil de S/25,000 para Egusquiza y S/50,000 para cada uno de los Orellana. Estas sanciones buscan castigar los delitos cometidos y enviar un mensaje claro contra la corrupción en el sistema público, reforzando la importancia de la integridad en las instituciones.
