Poder Judicial inaplica 'Ley Soto' y rechaza pedido de Vladimir Cerrón para archivar investigación en caso Antalsis

El Poder Judicial decidió no implementar la denominada 'Ley Soto' y desestimó la solicitud de prescripción planteada por la defensa de Vladimir Cerrón en el marco del caso Antalsis. En este proceso, Cerrón es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo propio. La información fue divulgada por el Ministerio Público a través de sus plataformas en redes sociales.

"Fiscalía Anticorrupción de Lima (2.° Despacho) logró que se declare infundada la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por la defensa del investigado Vladimir Cerrón Rojas por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en el caso Antalsis", se lee en la publicación realizada por 'X', antes Twitter.

Según la resolución judicial emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, se lee que el pedido de la defensa de Cerrón Rojas fue porque "el plazo de suspensión de prescripción de un año es un plazo razonable".

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No obstante, la decisión de la Sala Penal fue de: "declarar infundado el pedido de prescripción de la acción penal formulada por la defensa técnica del investigado Vladimir Cerrón Rojas, por el delito de cohecho pasivo propio, en el caso Antalsis, seguido junto a otros procesados, por el mismo delito en agravio del Estado". Agregaron que dicho pedido no puede ser compatible con casos complejos ni de crimen organizado, como este.

Además, sobre la 'Ley Soto', en la resolución judicial se decidió "inaplicar, a través del control constitucional, el control difuso la Ley N.º 31751, que modifica el artículo 84º del Código Penal y establece que el plazo de suspensión será no mayor a un año, de conformidad a lo establecido en el artículo 138º de la Constitución Política del Perú".

¿De qué trata el caso Antalsis?

El caso Antalsis involucra al exgobernador regional de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado por presunta colusión agravada y otros delitos en agravio del Estado. Según la tesis fiscal, Cerrón habría cometido irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gestión (2011-2014), beneficiando a la empresa Antalsis, supuestamente vinculada a la organización criminal liderada por Martín Belaunde Lossio. Esta red criminal habría defraudado al Estado peruano por más de S/26 millones mediante contratos irregulares en distintas obras de infraestructura.

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La investigación a cargo del Ministerio Público sostiene que Cerrón formaría parte de esta organización criminal, facilitando el favorecimiento de Antalsis a cambio de beneficios. En el marco de este caso, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial anuló la resolución de prisión preventiva contra Cerrón, disponiendo que otro juez emita una nueva decisión conforme a la ley, al no haberse evaluado adecuadamente los elementos de convicción en la resolución original.