Corte IDH: Congreso debe suspender debate de ley contra la impunidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió requerir al Estado peruano que se suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto que reduce la aplicación del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra a los casos posteriores al 2022, señalando que el Parlamento paralice su debate temporalmente.

Refirió que el caso, actualmente en agenda del Legislativo para segunda votación, no debe verse “hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la referida solicitud de medidas provisionales y su impacto en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.

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El tribunal tomó esta decisión en el marco de la supervisión de sentencia en ambos casos, cometidos por el destacamento militar “Colina”, y por el que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión, como autor mediato.

Ante la eventualidad de que el Congreso apruebe la ley que permitirá la prescripción de graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, el 7 de junio último los representantes de las víctimas pidieron medidas provisionales para que se garantice su derecho a la justicia.

Este pedido se debe resolver tras la audiencia a la que ha convocado la Corte IDH para el lunes 17 de junio, en la que participarán los representantes del Estado y de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Será una audiencia pública virtual de dos horas que se llevará a cabo a las 9:30 de la mañana, hora de Perú (8 y 30 hora de Costa Rica).

El Estado peruano debía entregar información sobre lo que estaba pasando en el Congreso el 12 de junio, pero un día antes solicitó al tribunal supranacional quince días más, sin explicar que para entonces, ya se habría acabado la legislatura y probablemente votado la norma. La Corte le concedió solo cinco más y convocó a la audiencia para el lunes.

Como se recuerda, hace dos días, los agentes del Estado peruano solicitaron a la Corte IDH un plazo adicional de quince días para enviar la información, sin embargo, el tribunal le concedió solo cinco más, que se vence el lunes.