Fiscalía investiga a 36 personas por los asesinatos del Ejército en Ayacucho
Crímenes del régimen. Manuel Gómez de la Torre, Luis Vivanco y otros mandos medios y jefes de patrullas forman parte de la carpeta fiscal por presunto homicidio calificado en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
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Al año y medio de ocurrida la masacre militar durante las protestas sociales en Ayacucho, el Ministerio Público emitió una nueva disposición para formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra un total de 36 personas por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Las presuntas autorías son tanto a título de responsabilidad directa como por omisión impropia de quienes, pudiendo hacerlo por sus altos cargos, no evitaron estos crímenes.
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Se trata de un paso siguiente, respecto del inicio de la investigación fiscal preliminar iniciada a fines del 2022.
La decisión ha sido saludada por la Asociación de Familiares de los Asesinados y Heridos del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho. La organización destaca los avances de la fiscal Mirela Coronel Molero, integrante del Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales.
El grupo de familiares de las víctimas apunta que, además de las víctimas, de momento se ha logrado identificar a un promedio de cuarenta heridos, pero aún falta dar con la identidad de otros ciudadanos peruanos que también resultaron afectados producto de la desmedida represión militar.
El Ministerio Público ha decidido declarar complejo el presente caso en la etapa ya de investigación preparatoria y el plazo previsto es de 8 meses.
Los investigados
Entre los principales investigados se encuentran el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Manuel Gómez de la Torre Araníbar; jefe del Estado Mayor Operativo de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, Luis Alberto Vivanco Palomino; y el comandante de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, Jesús Amarildo Vera Ipenza.
Hay también 11 militares señalados como jefes de patrullas: Víctor Grados Rivas, Víctor Calderón Rodríguez, César Vivas Chávez, Jherson Murga Quiroz, Carlos Montalvo Cabrera, Helber Martínez Hinostroza, Alexis Puma Magallanes, Juan García Bruno, Edwin Jamjachi Cerrón, Giácomo Ayaqui Arcana y Jhonatan Ochoa Ramos.
En esta ocasión, el Ministerio Público ha incorporado como investigado al coronel EP Luis Vivanco Palomino, presunto autor de los asesinatos, por omisión impropia.
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En cambio se les atribuye presunta autoría a Jhonatan Ochoa Ramos, José Córdova García y Mario Javier Aparicio.
Si bien la mayoría de los investigados son militares, la carpeta incluye también a Ántero Mejía Escajadillo, quien estuvo a cargo de la Macro Región Policial de Ayacucho.
Complejidad y resistencia
La fiscal Mirela Coronel sustenta esta investigación preparatoria como compleja debido a la cantidad de presuntos delitos cometidos. Y es que, además del delito más grave del homicidio calificado, se habrían cometido otros ilícitos como lesiones graves y abuso de autoridad, en el contexto de protestas sociales.
La autoridad del Ministerio Público también da cuenta de falta de colaboración por parte de las instituciones del Estado comprometidas con los hechos, situación que dificulta el avance de las indagaciones.
En concreto, la fiscal Mirela Coronel advierte dificultades para la obtención de “documentación que obra en el Ejército, la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior”.
Esto, en un contexto en el que “casi la totalidad de los imputados son oficiales superiores del Ejército, así como la máxima autoridad jerárquica de dichas instituciones”.
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Esta situación especial tiene impacto en el retraso de la entrega de documentos. Información como los planes operativos, el Sistema de Evaluación de Personal del Ejército (SEPE) o documentos de inteligencia “requieren un reiterado pedido de información o que el representante del Ministerio Público se constituya en las instalaciones PNP para recabarlos”.
A la demora en la entrega de información se suman las mecidas del personal investigado para concurrir a declarar, por lo que son citados hasta en dos o tres oportunidades.
La Fiscalía ha planteado ocho meses de plazo. Es decir, en febrero del 2025 pasaríamos a la etapa intermedia para la eventual acusación.
