José Arriola y el caso mochasueldos: evidencia y testimonios contradicen a blindaje de la Comisión de Ética
Con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso protegió al parlamentario de Podemos Perú. Graves acusaciones en su contra salen a la luz.
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El Congreso de la República decidió proteger al congresista de Podemos Perú, José Arriola Tueros, el pasado 27 de mayo. Con 7 votos a favor, 3 en contra y una abstención fue como se le blindó. Ahora, el dominical Punto Final ha revelado un entramado de coacción y abuso de poder que sus ex trabajadores confesaron a la Fiscalía.
Varios ex trabajadores del despacho de Arriola han testificado ante el Ministerio Público, donde detallaron cómo fueron obligados a entregar un porcentaje de entre 15 y 20% de sus ingresos bajo amenaza de despido. Henry Zayra Rojas, ex asesor de Arriola, declaró ante la entidad fiscal cómo el congresista los convocaba cada mes a reuniones para indicarles que tenían una serie de actividades sociales que cumplir, y requería el apoyo de todos. Él asegura que les designaba un porcentaje de lo que debían entregar como donación y quien no cumpliese perdía automáticamente su trabajo.
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Natalia Alzamora Miranda, otra excolaboradora, confirmó la presión ejercida por Arriola. "En julio de 2022, después de una reunión de la bancada, el congresista me abordó y me indicó que debía aportar como los demás. Primero nos pedían víveres, pero luego se convirtió en efectivo", relató. "El 21 de enero de 2022, a solicitud de Yolanda Cuya, secretaria de Arriola, le envié una captura de los depósitos de mi salario, y ella me indicó el monto exacto que debía entregar".
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Los testimonios de los trabajadores no solo describen la coacción, sino también la estructura bien montada para la recaudación de estos fondos. Yolanda Cuya, exsecretaria del despacho de Arriola, era quien coordinaba los depósitos a una cuenta en Scotiabank a nombre de su esposo. 'El congresista Arriola Tueros nos indicó que la donación ya no sería en bienes sino en efectivo, y que debía realizarse a la cuenta de su secretaria', declaró Carlos Quispe Baldovino, exasesor de Arriola.
A pesar de estas acusaciones y de la evidencia presentada, la Comisión de Ética del Congreso decidió proteger al parlamentario, imponiéndole una amonestación escrita pública con multa equivalente a 30 días de su remuneración. 'Hemos determinado que ningún trabajador ha declarado en el Congreso', defendió Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética, en una sesión cuestionable por la aparente impunidad.
José Arriola, por su parte, se defendió alegando que el dinero encontrado en su vivienda durante un allanamiento en mayo de 2023 fue producto de sus sueldos como congresista que recibía en su casa y no de los recortes salariales.
La Unidad de Investigación de Latina confirmó que Yolanda Cuya ha confesado todo ante la Fiscalía, donde ha detallado cómo entregaba el dinero mochado al parlamentario. Este testimonio es vital para la investigación. Cuya ha estado siendo objeto de amenazas y presiones para cambiar su versión a favor de Arriola.
El blindaje del Congreso a José Arriola, a pesar de las contundentes pruebas y testimonios en su contra, plantea serias dudas sobre la integridad y el compromiso del Parlamento con la justicia y la transparencia.
