Yván Montoya: “Tendría que haber otro Congreso y que la Fiscalía investigue bien para llegar a la justicia”
El abogado penalista advierte falencias en las investigaciones que favorecerían a la presidenta Dina Boluarte.
El abogado penalista y catedrático Yván Montoya, exintegrante de la Procuraduría Anticorrupción, reflexiona sobre la situación de la presidenta Dina Boluarte y de la suspendida fiscal Patricia Benavides, complicadas por casos de corrupción que agravan la crisis política y del sistema de justicia en nuestro país.
-¿Qué le parece la defensa de Boluarte en el caso Rolex?
-Decir que solo fue un préstamo es una defensa muy débil. Ahora se atribuye cohecho, que implica intercambio de favores o adquisición de servicios. Puede ser muy amplio: intervenir para una ampliación presupuestal e incluso puede ser parte de las obligaciones de la presidenta. O sea, puede haber sido que sí correspondía la ampliación. En cohecho pasivo impropio, uno no puede recibir dádivas, favores, ventajas a cambio de hacer algo contra sus obligaciones o algo respectivo a sus obligaciones. Además, no necesita recibirlo en propiedad, el código habla de cualquier ventaja y una ventaja es exhibir objetos suntuosos, un reloj de esa calibración, una joya de alto valor. Eso ya es una ventaja, aunque no se le entregue en propiedad.
-¿Puede ser soborno aunque la transferencia sea al Gobierno Regional de Ayacucho y no a la persona de Oscorima?
-Los delitos de cohecho o soborno son muy amplios. Es recibir alguna ventaja, que no solo es dinero, como aquí el aporte en bienes suntuosos para ser exhibidos. ¿A cambio de qué? El cohecho pasivo propio es cuando lo recibe para incumplir obligaciones y cohecho pasivo impropio cuando se entregan esas ventajas a cambio de algo propio de sus obligaciones. El hecho de que no sea para él personalmente, sino para el Gobierno regional es muy relativo en el derecho penal. Al final, es una ventaja para él, para sus obras, sea como persona, para un Oscorima posible candidato. Es decir, que esa ventaja sea personal o del Gobierno regional están fundidas, unidas. No se puede eludir a su ventaja personal. El derecho penal no va a distinguir.
-¿La suspensión del coronel Harvey Colchado es una obstrucción a la justicia?
-Hay posibilidad de obstrucción a la justicia por parte no solo de la presidenta, sino de su entorno. Probablemente se las pueda investigar por encubrimiento personal o encubrimiento real. Y podría ser por parte de la presidenta claramente un abuso de autoridad por haber hecho uso de su cargo para perjudicar a Colchado en beneficio personal. Obstrucción a la justicia es encubrimiento.
-En otros investigados, la obstrucción de la justicia es uno de los elementos para una prisión preventiva u otra medida restrictiva, pero entendemos que con Boluarte no se puede...
-En el caso de la presidenta no es posible pedir detención preventiva o suspensión judicial de sus funciones. Tiene una posición reforzada. Salvo que la inhabiliten del cargo. No es como con la fiscal de la Nación, que no es funcionaria electa, y sí habría posibilidad de pedir su suspensión judicial por obstrucción.
-Boluarte no puede ser investigada formalmente, es decir, que no puede avanzarse a la etapa de formalización. ¿Qué pasa entonces si el fiscal de la Nación considera que sí hay indicios para pasar a esta fase?
-En el caso de la presidenta, para pasar a formalización tendría que pedir autorización al Congreso, y este no tendría como opción un antejuicio porque a la presidenta no se le puede procesar por cualquier delito, sino que podría declarar la vacancia por incapacidad moral.
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-¿Puede Patricia Benavides regresar a ser fiscal de la Nación?
-Claro que puede regresar, y en unas semanas vence la suspensión que dispuso la Junta Nacional de Justicia. Quedan dos alternativas. Una es que la Junta de Fiscales Supremos decida revocar la calidad de fiscal de la Nación de Benavides. No significa que la aparten de su condición de fiscal suprema sino del cargo de fiscal de la Nación por salvaguarda de las investigaciones que se le hacen a ella. Otra opción es que un fiscal que la investiga pida al juez la suspensión de sus funciones, pero tendría que justificar. No sería difícil con los elementos que se conocen.
-¿Conviene a Boluarte que vuelva Benavides a ser fiscal de la Nación o no?
-Por supuesto. Hay elementos de que es altamente probable que viene obstaculizando investigaciones, como en el caso de su hermana y ella misma. Son claras evidencias de que una vez repuesta en el cargo solo hay riesgo de que siga obstaculizando y varios casos se caigan.
-Un testigo dijo que la Fiscalía le había adelantado las preguntas a Boluarte para que declare en el caso de las muertes en las protestas. ¿Es obstrucción a la justicia en un caso de derechos humanos?
-Se podría considerar. También se podría tomar en cuenta su comportamiento en otras investigaciones, y cuentan mucho más las que ha realizado en provecho personal, como el antecedente en la Junta Nacional de Justicia y contra Barreto, que investiga su entorno.
-¿Cómo se ha llegado a esta situación tan grave en la Fiscalía y qué se puede hacer?
-Por distintos factores. Tenemos un Ministerio Público altamente vertical donde la fiscal de la Nación tiene poder enorme y es elegida solo por pocos fiscales supremos titulares: con cuatro de inclinaciones corruptas, probablemente se elija una de esas tendencias. Hay que reformar el Ministerio Público. Además, ha habido una cultura de intercambio de favores que atrapa a muchos. En una crisis, se cae en tentación de usar el poder casi para cualquier cosa.
-¿Cómo ve el futuro de Boluarte en lo judicial?
-Tengo muchas dudas de la calidad de las investigaciones como la imputación de genocidio, que jugaría a su favor porque será muy complicado probar. En la imputación de omisión, hay que ver si se está investigando bien qué hizo y qué dejó de hacer. Tengo enorme incertidumbre sobre el éxito de las investigaciones y a eso le sumo que el Congreso no le levantará sus prerrogativas. Tendría que haber otro Congreso y tener una Fiscalía que investigue bien.
