Política

CNL denuncia ausencia de notarios en contrataciones del Estado: "Costo de la corrupción es mayor"

Decano del Colegio de Notarios de Lima afirmó que falta de profesionales en los actos públicos solo favorece a mafias corruptas, como el reconocido caso Club del Tarot. Exigen que se cumpla la Ley 30225.

Colegio de Notarios de Lima pide que se respete la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República
Colegio de Notarios de Lima pide que se respete la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República

El Colegio de Notarios de Lima (CNL) ha demandado la modificación del Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, que deja de lado la participación de los notarios en los procesos de licitaciones y contrataciones del Estado. En una entrevista con La República, el decano del CNL, Edgardo Hopkins Torres, afirmó que la ausencia de profesionales favorece a la corrupción, puesto que no hay quien defiera en los actos públicos, solo se ha limitado a que las propuestas sean recibidas a través de un correo electrónico y cualquier persona evalúa si una empresa califica o no.

Hopkins Torres afirma que, solo este año, la Contraloría General de la República estimó que al Estado peruano le cuesta más de 24 mil millones de soles las consecuencias de la corrupción. Ello, a diferencia del costo de servicio de los notarios, el mismo que oscila entre S/500 y S/600 por hora, y cada acto público dura alrededor de dos horas. "El costo es ínfimo a comparación de los montos de la corrupción", expresó. El CNL exige que el notario participe tanto en las sesiones virtuales como presenciales, porque, desde el 2018, fecha en que se dio la modificación, los profesionales no lo hacen.

CNL presentó demanda popular y se declaró fundada

En 2022, el Colegio de Notarios presentó una demanda de acción popular ante la Corte Superior de Justicia de Lima contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para declarar la nulidad de los artículos 28, 73.1 y 81.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n. ° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, pues se transgrede dicha ley. La demanda fue declarada fundada y se dispuso su nulidad; sin embargo, la disposición no se ha cumplido.

Hopkins Torres precisó que en las etapas de presentación de propuestas y otorgamientos de buena pro ya no están presentes los notarios por lo que ya no se garantiza la seguridad jurídica y transparencia en los actos públicos. "Los notarios evalúan si ha habido algún problema de las bases o, en el contrato, pueden hacer alguna observación y todo eso queda en el acta. Ahora no hay nadie que defiera todo lo que sucede en un acto público, ya ni siquiera es público. Ahora existe la vulnerabilidad del sistema de OSCE", mencionó.

Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar fundada acción popular. Foto: La República

Corte Superior de Justicia de Lima resolvió declarar fundada acción popular. Foto: La República

Ley contempla presencia de notarios en contrataciones

El Colegio de Notarios ratifica su pedido de exigencia de la Ley 30225 por encima del Decreto Supremo n. º 344-2018-EF, que deja de lado la participación de los notarios en los procesos de contratación. En el artículo 22 del capítulo III de los Medios de contratación se lee: "Los actos públicos deben contar con la presencia de un notario público o un juez de paz. Su actuación es desarrollada en el reglamento".

Ley 30225 está por encima de decreto supremo, afirma CNL. Foto: El Peruano

Ley 30225 está por encima de decreto supremo, afirma CNL. Foto: El Peruano

Al respecto, el CNL sostuvo: "Si el Poder Judicial confirma la nulidad de la norma que elimina la participación del notario público en los procesos de contratación, podría declarar con efecto retroactivo la nulidad de las contrataciones realizadas durante ese lapso". Hopkins Torres afirmó, además, que acudirán al Congreso de la República para dejar constancia de estos hechos que revisten gravedad y se haga un correcto uso de los recursos del Estado.