El sistema electoral bajo la amenaza del Congreso
Arremetida. Desde mayo del 2023, el Legislativo ha emprendido una campaña contra la Junta Nacional de Justicia, que tiene a su cargo los procesos de elección o ratificación de los jefes de la ONPE y el Reniec. El presidente del JNE también ha sido objeto de nueve denuncias constitucionales tramitadas en el Parlamento.
Mañana lunes, la Comisión Permanente ha programado una sesión para debatir el informe de Esdras Medina (Unidad y Diálogo) que busca la inhabilitación por diez años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Estos asistirán a la sesión para ejercer su derecho a la defensa.
El informe de Medina es elaborado a partir de la denuncia 373 que Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó en mayo del 2023 contra los magistrados de la JNJ por, presuntamente, haber favorecido indebidamente a Inés Tello para que se mantenga como parte de la Junta a pesar de superar los 75 años.
Tello ingresó a la JNJ cerca de cumplir los 75 años, la edad límite para ocupar el cargo. La defensa sostiene que ese tope vale solamente para efectos de la postulación. En la entrevista pública como parte del proceso de selección, el propio expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Blume —quien integró la comisión especial— así lo reconoció. Luego ha cambiado de versión.
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Más allá de la controversia, este es uno más de los intentos de un sector del Parlamento por tomar control de la JNJ, institución que nombra y ratifica a jueces y fiscales y a los jefes de la ONPE y del Reniec. Estos últimos tienen hasta el 29 de febrero, seis meses antes del vencimiento de su gestión, para solicitar su evaluación de cara a una eventual ratificación por un período adicional de cuatro años. Es decir, el proceso por el que se determinará quiénes dirigirán la ONPE y el Reniec durante las siguientes elecciones ya se encuentra en marcha.
Es sintomático que el promotor de la denuncia constitucional 373, el legislador Montoya, haya sido uno de los más rabiosos defensores de la fallida tesis del fraude electoral del 2021. De hecho, presidió una comisión investigadora que no encontró nada y gastó dinero público.
La Junta implosiona
En la línea de tiempo de la izquierda, se puede apreciar cómo, desde mayo del 2023, el Congreso ha venido insistiendo en su arremetida contra la JNJ que —hay que decirlo— ha sido muy golpeada en su credibilidad por las recientes declaraciones de Jaime Villanueva, el exasesor de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
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José Ávila renunció preventivamente a la Junta antes de que se haga público el nuevo testimonio de Villanueva que lo vincula con un presunto intercambio de favores con el exministro de Justicia Félix Chero, a cambio de ayudar a que Benavides alcance una de las vacantes para ser fiscal suprema. Su reemplazo sería, por orden de mérito, Abraham Siles Vallejos.
Villanueva también declaró que Guillermo Thornberry era el informante de Benavides en la JNJ. Según el testimonio, le filtraba información a la exfiscal de la Nación a través del exministro aprista Hernán Garrido Lecca. Thornberry no ha renunciado.
Historial. Salas Arenas suma nueve denuncias constitucionales desde julio del 2021. Foto: difusión
Para el exprocurador Antonio Maldonado, las acciones del Congreso contra la JNJ son de “acoso y hostilidad”. Recordó que Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, expresó el año pasado su preocupación por la posible remoción de los miembros de la institución. Maldonado añadió que si bien es cierto que la Junta presenta “serios problemas”, estos no justifican una intervención del Parlamento en los términos planteados.
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“El enfoque debería ser constructivo, no destructivo. Es una actitud dolosa, una intervención arbitraria. Con su hostilidad y acoso permanentes, (el Congreso) ha puesto entre la espada y la pared a una Junta débil. Esto va a acentuar el autoritarismo en el Perú. Va a tener un efecto dominó, porque luego caerán los organismos electorales y se afectará al proceso de elección y evaluación de jueces y fiscales”, advirtió Maldonado.
Asimismo, el exprocurador afirmó que los miembros de la JNJ “no han estado a la altura de las circunstancias”. “Aunque, insisto, las medidas que está tomando el Congreso no van a resolverlo”, comentó.
En paralelo, en el Legislativo también existe una permanente actitud de acoso en contra del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, a quien el sector ‘fraudista’ acusa de haber impedido la victoria de Keiko Fujimori.
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Como puede verse en la tabla de arriba, desde julio del 2021 hasta hoy, el Legislativo ha tramitado nueve denuncias constitucionales en contra de Salas Arenas. La última presentada por Alejandro Cavero (Avanza País), quien lo responsabiliza por la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.). Existen tres denuncias que se encuentran en proceso de calificación.
Salas Arenas, en una entrevista con La República (que será publicada el lunes) consideró que lo que buscaría el Legislativo es la captura del sistema electoral en su conjunto. “Espero que los propios congresistas, razonablemente, se den cuenta de que pueden influir en que el Perú descienda de ser una democracia híbrida a convertirse en un autoritarismo”, declaró el titular del JNE.
Siguiente round: Congreso vs. JNJ
Beatriz Ramírez Huaroto, abogada constitucionalista
Desde 2023, el Congreso ha intentado remover a quienes integran la JNJ. Primero argumentó que incurrieron en causa grave por invocar al Congreso con un pronunciamiento sobre la exfiscal Zoraida Ávalos, por la interpretación respecto de la edad máxima para el ejercicio del cargo de Inés Tello y por no presentar ante el Pleno su informe anual. Pero el Poder Judicial dio una medida cautelar ordenando que se suspenda ese proceso y en primera instancia ha fallado a favor de la JNJ.
Por eso, el Congreso ha seguido un segundo camino: el juicio político, procedimiento por el que se analiza si altos funcionarios cometieron infracciones a la Constitución. El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propone que se sancione por dos infracciones: no haber respetado el límite de edad en el caso de Tello y porque al pronunciarse sobre ese punto no se hizo por pedido de ella, sino por iniciativa de la presidencia de la JNJ.
El problema de esa posición, ya esgrimida antes cuando se intentó la destitución por causa grave, es que el mismo informe reconoce que se parte de una interpretación literal de la Constitución: se “tergiversa la misma literalidad del texto constitucional” es la razón de esta posición. Pero en la interpretación de la Constitución la literalidad no es único criterio interpretativo, sino que en el mundo y en nuestra jurisprudencia se reconoce que se requieren lecturas sistemáticas de las cláusulas. ¿Es correcto inhabilitar por una forma de interpretar que el Congreso no comparte, pero que es jurídicamente correcta? La Comisión Permanente (CP) lo decidirá primero y luego el Pleno debe votar.
