Subcomisión del Congreso aprueba denuncia constitucional contra Pedro Castillo
Los delitos que se le imputan al exmandatario son abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio, por presuntamente encabezar una organización criminal.
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Este martes 23 de enero, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República admitió por mayoría la denuncia constitucional en contra del expresidente del Perú Pedro Castillo Terrones. El exmandatario, quien se encuentra privado de su libertad en el penal de Barbadillo en Ate, será investigado por abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio por presuntamente encabezar una organización criminal.
La decisión fue tomada durante la décima sesión extraordinaria de la SAC y tuvo 11 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones. Esta denuncia fue presentada en primera instancia por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
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Cabe resaltar que la Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial imponer 34 años de prisión contra el expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Asimismo, el Ministerio Público pidió 25 años de pena privativa de la libertad para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres, quien ya no era ministro, pero se desempeñaba como asesor presidencial.
Ante ello, la defensa del exmandatario pidió que se revisara la solicitud de la Fiscalía. Por su parte, el Poder Judicial indicó que aceptó el recurso de apelación de Castillo Terrones.
"Poder Judicial acepta el recurso de apelación interpuesto por el expresidente Pedro Castillo para que se proceda a revisar de oficio la medida de prisión preventiva que se le impuso por el plazo de 36 meses tras ser investigado por delito de organización criminal", escribió la entidad a través de su cuenta en X, antes Twitter.
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Situación actual de Pedro Castillo
El expresidente Pedro Castillo cumple 18 meses de prisión preventiva por el golpe de Estado, orden que vence en junio del 2024, en el penal de Barbadillo, ubicado en Ate Vitarte. Sin embargo, a la vez afronta otro proceso por presunto delito de corrupción, que podría significar otros 36 meses.
