Tribunal Constitucional acordó regresar al Consejo de Reforma Judicial
Juez y Parte. Después de cuatro años y cinco meses de haberse retirado de la mesa de diálogo interinstitucional. Nuevo Pleno considera que no existe posibilidad de conflicto y adelanto de opinión, por lo que participarán en las discusiones y acuerdos.
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El Pleno del Tribunal Constitucional acordó reintegrarse al Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia dejando de lado un criterio tomado en julio del 2019, durante el gobierno de Martín Vizcarra, para no participar en esa mesa de diálogo, ante la posibilidad de convertirse en “juez y parte” por eventuales denuncias constitucionales.
Este nuevo acuerdo fue tomado el viernes 5 de enero último, informó el TC ante una consulta de La República. Por este motivo, su presidente, Francisco Morales Saravia, participó en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, convocado por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, el pasado martes 9 de enero.
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Retiro
Hace cuatro años y cinco meses, en julio del 2019, bajo la presidencia del magistrado Ernesto Blume, el Pleno del TC decidió retirarse del referido consejo en defensa de su autonomía e independencia.
2019. Ernesto Blume propició retirarse del consejo. Foto: difusión
Según la explicación que dio en esa ocasión Blume Fortini, en el consejo se debatirían diversas propuestas políticas de reforma legales y constitucionales y, eventualmente, cabría la posibilidad de que alguna de las instituciones involucradas no estuviera de acuerdo, por lo que entonces plantearía una demanda de inconstitucionalidad.
“En ese supuesto, estaría el Tribunal involucrado en el proceso de reforma, por lo que sería parte y habría adelantado opinión, con lo cual perdería su calidad de órgano autónomo e independiente, ajeno a todo el proceso de gestación y ulterior elaboración de esas normas”, subrayó Blume.
Este acuerdo fue reiterado por el Pleno del TC, el 2022, bajo la presidencia del fallecido Augusto Ferrero Costa, con la participación de seis de los actuales magistrados. Incluso se presentó un proyecto de reforma legal de la Ley n° 30942 que creó el mencionado consejo.
Dicho organismo está conformado por la Presidencia de la República, del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, el fiscal de la Nación, el contralor general de la República y el defensor del Pueblo.
Actualmente, el mencionado proyecto tiene dictámenes favorables de las comisiones de Justicia y Constitución, a favor de aceptar el pedido del TC.
Autonomía
Sin embargo, el actual Pleno fue de una idea distinta y, por este motivo, Morales Saravia participó en la convocatoria hecha por la presidenta Boluarte y suscribió los acuerdos tomados en la reunión para avanzar en la reforma del sistema de justicia.
Los nuevos magistrados considerarían que eso no supone ningún adelanto de opinión, pues si los acuerdos del consejo se adoptan por consenso de todas las partes, no habría ninguna demanda de inconstitucionalidad.
En todo caso, si pese a todo se presenta alguna controversia, no existirá conflicto alguno y los magistrados sabrán actuar con respecto a su autonomía e independencia.
De acuerdo con fuentes de la magistratura, el regreso del TC ante el consejo causó preocupación en el Ministerio Público y el Poder Judicial, en momentos en que se plantean diversas reformas al sistema de justicia.
Los jueces o fiscales consideran que el consejo para la reforma judicial no siempre puede llegar a consensos y existe una alta posibilidad de que se formule una demanda de inconstitucionalidad.
En el TC está pendiente, desde agosto 2023, de resolverse una demanda de inconstitucionalidad que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó contra la Junta Nacional de Justicia.
Benavides pidió que se aclaren diversas competencias sobre el nombramiento de fiscales provisionales, funcionarios y servidores, así como el procedimiento administrativo disciplinario.
Consejo respetará autonomías
En la reunión del martes 9 de enero último, el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia acordó reafirmar y respetar la autonomía e independencia del Poder Judicial y de cada institución que forma parte del sistema judicial, a fin de que cada uno haga sus mejores esfuerzos para construir una sociedad donde impere una justicia efectiva, que asegure la protección y vigencia de los derechos e intereses de todas las personas.
Además, trabajar unidos para la defensa de la persona y de su dignidad, de tal manera que se consolide un sistema que investigue y sancione de forma célere y eficaz los graves delitos que aquejan a la ciudadanía, y contribuir de manera directa con la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, permitiendo que las personas se desenvuelvan en su vida cotidiana, sin preocuparse por las constantes amenazas.
Además, impulsar una justicia predecible, reforzando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y que garantice la seguridad jurídica, que es clave para fortalecer la inversión privada y contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país.
Igualmente, atender a las personas más vulnerables.
