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Política

Fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto piden investigar espionaje a periodistas

Los fiscales se muestran preocupados por prácticas que vulneran el derecho a la información y afectan la imagen del Ministerio Público.

Coordinadora. La fiscal Magaly Quiroz fue repuesta en el equipo especial tras la salida de Patricia Benavides.
Coordinadora. La fiscal Magaly Quiroz fue repuesta en el equipo especial tras la salida de Patricia Benavides.

En salvaguarda de la imagen del Ministerio Público, los fiscales supraprovinciales que integran el equipo especial del caso Cuellos Blancos del Puerto solicitaron a la fiscal superior coordinadora Magaly Quiroz Caballero que se investigue y aclare el seguimiento y videovigilancia dispuesto contra dos periodistas en una época anterior a la que ellos ingresaron este grupo de trabajo.

El pedido fue presentado mediante un oficio firmado por los fiscales César Silva Zárate, Erasmo Benavides Corbetta, Cristhian Alfaro Cáceres y Angie Távara Roque.

Oficio presentado a la fiscal superior coordinadora Magaly Quiroz

Oficio presentado a la fiscal superior coordinadora Magaly Quiroz

"Tenemos el honor de dirigirnos a usted para saludarla y a la vez solicitarle, respetuosamente, con el fin de cautelar la imagen y buena reputación del Ministerio Público y de este equipo especial, que ante las últimas publicaciones periodísticas del diario La República y otros medios de comunicación, respecto a supuestos seguimientos y video vigilancia efectuados a periodistas que se habrían iniciado en fecha anterior al nombramiento de los suscritos como fiscales provinciales en el mismo, tenga a bien adoptar las medidas correspondientes para que no se afecte el buen nombre del este equipo especial por supuestas prácticas vulneratorias de la libertad de información y se ponga en entredicho la integridad de este equipo y se perjudique la actual gestión de la Fiscalía de la Nación", dice el oficio.

El 5 de abril de 2023, durante la gestión de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el fiscal Andy Junior Rodríguez Domínguez, entonces a cargo del primer despacho del equipo especial, dispuso el inicio de una investigación secreta contra los periodistas Juan Carlos Tafur, del portal web Sudaca, y César Romero Calle, del diario La República.

Con ese objetivo se ofició a la Policía se utilicen técnicas especiales de investigación como seguimiento, videovigilancia y tomas fotográficas de sus desplazamientos desde su domicilio a cualquier lugar público y centro de trabajo. Además, uso de medios electrónicos —drones u otros aplicativos electrónicos— para observación dentro de sus domicilios.

Si bien Rodríguez Domínguez salió del equipo especial el 15 de julio, el seguimiento a los periodistas se mantuvo activo hasta por lo menos el 23 de noviembre de 2023. En esa fecha, luego de percatarse de la vulneración a la libertad de información y observar que no había nada ilícito que investigar, otro fiscal dispone el archivo del caso.

El 5 de diciembre de 2023, el procurador general del Estado interino, Javier Pacheco, apeló la decisión de archivo y pidió que se reactive el seguimiento y videovigilancia a los periodistas, sin haber aportado un solo indicio de alguna actividad delictiva.

La investigación dispuesta el 5 de abril se sustenta en la publicación en marzo de 2023 de una nota periodística que da cuenta que los fiscales Andy Rodríguez y Max Castro presionaron a un fiscal de Ventanilla para que archive una investigación contra el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos.

Aunque los fiscales provinciales no los mencionan en su oficio, en medios jurídicos también se reclama un pronunciamiento del fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villen,a y el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, pues que se utilice un caso emblemático como el proceso a Los Cuellos Blancos del Puerto para seguir a periodistas por cumplir su labor genera un nefasto precedente en una institución que tiene como función defender la legalidad, los derechos ciudadanos y velar por la recta administración de justicia.