Procurador del Gobierno busca reactivar espionaje a periodistas
Javier Pacheco. El 5 de diciembre, el abogado del Estado presentó un recurso de queja de derecho contra la resolución que archivó la vigilancia a los periodistas de Sudaca y La República. Una fiscal superior tendrá la palabra definitiva.
Antes de ser designado procurador general del Estado, Javier Pacheco Palacios presentó un recurso ante la Fiscalía contra la disposición que desactivó y archivó el seguimiento y videovigilancia al director de Sudaca, Juan Carlos Tafur, y al editor de La República, César Romero Calle.
La apelación, conocida con el nombre técnico de recurso de queja de derecho o elevación de actuados, fue presentada el 5 de diciembre, 12 días antes de que la presidenta Dina Boluarte le encargara la conducción de la Procuraduría General del Estado.
De acuerdo con fuentes fiscales, la Procuraduría no aportó ningún elemento nuevo que justifique reabrir la investigación. Durante los ocho meses de seguimiento y videovigilancia no han encontrado nada ilícito, lo que llevó a archivar el expediente.
Fiscal superior
El fiscal Cristhian Alfaro Cáceres, del Tercer Despacho del equipo especial de fiscales del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, deberá elevar el expediente a la Fiscalía superior coordinadora del equipo especial.
A la recién reincorporada fiscal superior Magaly Quiroz Caballero le correspondería tomar la decisión final. Ella conoce el proceso de la red de corrupción judicial a la perfección, pues forma parte del equipo especial desde marzo del 2021, en reemplazo de Rocío Sánchez.
En su momento, la Procuraduría deberá fundamentar su apelación en un caso que se sostiene por la publicación de una nota periodística, el 30 de marzo de 2023.
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El fiscal, de manera subjetiva, considera que esa nota afecta la estabilidad del equipo especial y, por eso, dice que es favorable a los investigados en el proceso a la red de corrupción judicial.
Lo que en el fondo es solo una excusa para justificar una investigación y realizar seguimiento a los periodistas. La Fiscalía también habla de filtración de información del proceso.
Al hablar de filtración de información, los fiscales ponen en evidencia que lo que buscaban en realidad era tener acceso a las fuentes periodísticas.
Desde un principio supieron que los periodistas no estaban cometiendo ningún delito. Lo que pretendían es que se deje de informar de las actividades de los integrantes del Ministerio Público.
La investigación
El fiscal Andy Rodríguez dispuso una investigación por cuatro meses, que se alargó de facto hasta el 23 de noviembre. Si bien Rodríguez dejó el equipo especial el 15 de julio de 2023, hasta el momento de su salida no habría añadido ningún nuevo indicio de que se estuviera cometiendo algún delito.
Complot. Fiscal Andy Rodríguez buscó las fuentes periodísticas. Foto: difusión
La República ha solicitado copias de la carpeta fiscal archivada, pero hasta ahora no hemos podido revisar el documento completo. Solo hemos tenido acceso a la disposición de inicio, por fuente no oficial.
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Esperamos tener todos los detalles para conocer los motivos que justificaron la afectación al derecho a la búsqueda y publicación de información de interés público. Estamos seguros de que lo que encontraremos es que se trató de un complot contra los periodistas.
En una audiencia judicial, el fiscal Andy Rodríguez mencionó que se habían detectado llamadas telefónicas entre el periodista Romero Calle y el abogado José Luis Castillo Alva, pero del año 2014.
Andy Rodríguez mencionó un número telefónico desconocido para el periodista, que no es el de su uso habitual durante los últimos 10 años. Una evidencia de que podrían haberse creado falsos indicios para mantener la investigación abierta.
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Aparte, que tendría que haber una llamada del año 2014 si la Fiscalía atribuye a los periodistas actividades de resiliencia, esto es de reorganización de la red de corrupción posterior al descubrimiento de las actividades delictivas. La verdad debe hacerse pública.
En ocho meses no encontraron nada ilícito
Tras ocho meses, la Fiscalía no pudo encontrar reuniones de los periodistas con alguno de los investigados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto o sus abogados que evidencien un accionar ilícito. Tampoco llamadas telefónicas con contenido ilícito.
Los contactos que los periodistas pudieran tener con investigados o sus abogados solo tiene el objetivo de tener información y contrastar alguna versión, en respeto a la presunción de inocencia.
Por eso, luego de ocho meses de seguir todos nuestros movimientos, tuvieron que archivar y se vieron obligados a notificar, lo que reveló el ilícito proceder.
Críticas
Procurador. La República ha sido crítica del abogado Javier Pacheco en la Procuraduría Anticorrupción y, ahora, en la Procuraduría General del Estado, lo que podría afectar sus argumentos.
