PCM le otorga defensa legal al aprista Javier Velásquez Quesquén por 150.000 soles

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)asignó asistencia legal a Javier Velásquez Quesquén, exministro del gobierno aprista, con una suma de 150.000 soles. Actualmente, el exfuncionario enfrenta una investigación preparatoria a cargo del Equipo Especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

La pesquisa se centra en el presunto delito contra la Administración Pública, específicamente en la modalidad de colusión agravada, relacionada con la continuación del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, en colaboración con la concesionaria IRRSA SUR. Se alega que este delito ocurrió durante el ejercicio de Velásquez Quesquén como Presidente del Consejo de Ministros.

Aunque la Ley del Servicio Civil permite legalmente brindar defensa a un exfuncionario que esté bajo investigación judicial por acciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, resulta llamativo que la contratación del abogado Juan Jose Trelles Medina se haya llevado a cabo mediante un proceso de contratación directa y por una suma excesiva. Es importante destacar que, en caso de que Velásquez Quesquén sea declarado culpable, estará obligado a reembolsar la totalidad de los fondos utilizados para su defensa.

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Denuncias archivadas en su contra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el archivo de la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y los excongresistas Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma en el caso Los Temerarios del Crimen.

La denuncia, presentada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, implicaba a Alarcón en presuntos delitos de cohecho pasivo propio, mientras que a Velásquez Quesquén y Palma se les acusaba de tráfico de influencias agravado. El informe final fue aprobado mayoritariamente con 11 votos a favor, dos en contra y sin abstenciones.

Según la denuncia del Ministerio Público, Alarcón habría aceptado o recibido un beneficio económico de alrededor de S/30.000 del exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, a cambio de levantar el congelamiento de cuentas municipales, a pesar de que esto no estaba justificado. En este contexto, los exlegisladores Javier Velásquez y Marvin Palma fueron señalados por su presunta intervención en el acto, incurriendo en un supuesto tráfico de influencias, según la denuncia.

Benavides archivó denuncia constitucional en su contra

La denuncia constitucional contra los exparlamentarios Javier Velásquez y Marisol Espinoza fue archivada por Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, quien concluyó la investigación por tráfico de influencia agravado y cohecho pasivo propio. Este caso estaba vinculado al presunto favorecimiento a las empresas Tumán y Pomalca en la región Lambayeque mediante la aprobación de leyes a su favor.

Según el análisis del Ministerio Público, Javier Velásquez y Marisol Espinoza son señalados por haber promovido y votado a favor de la Ley N. ° 29995 y Ley N.° 29678 en 2011, cuando eran parlamentarios. Estas leyes establecían plazos para el ejercicio del derecho de adquisición preferente de acciones del Estado en empresas agrarias azucareras y para actualizar cronogramas de pagos, beneficiando a Pomalca y Tumán, ambas administradas por el Grupo Oviedo

.Además, se indica que, según las declaraciones de un colaborador eficaz, Javier Velásquez habría recibido S/70,000 como beneficio, mientras que Marisol Espinoza habría obtenido una suma de dinero no determinada y su hermano habría sido contratado en la empresa Tumán.