Antonio Maldonado: “Esta norma (de la colaboración eficaz) fue hecha para favorecer a la exfiscal de la Nación”

La ley que impone un plazo de ocho meses para concretar una colaboración eficaz amerita analizarla en el contexto en que fue aprobada. Para el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, se trata de una norma con nombre propio que, además, transgrede tratados internacionales y nos encamina a ser una Guatemala.

—¿Qué sensación le deja que esta ley haya sido aprobada por insistencia en el Congreso?

—Gran suspicacia y desconfianza sobre las intenciones del Congreso. Esta ley tiene graves implicancias para enfrentar la corrupción y las obligaciones internacionales que el Estado peruano asumió en la Convención de Naciones Unidas. Una decisión de este nivel no recoge los argumentos del Poder Judicial, la Procuraduría y otras instituciones de la sociedad civil que se pronunciaron con preocupación.

—¿Por qué considera que su aprobación fue a través de mecanismos antidemocráticos? Es una ley aprobada con votos en el Congreso.

—Mire, por dos razones: no han hecho eco ni han acogido las diversas observaciones, todas ellas debidamente fundamentadas en contra de esta contrarreforma. Las instituciones expresaron sus puntos de vista y no lo hicieron desde una posición doctrinaria, sino que fueron puntos de vista basados en años de experiencia en la aplicación de una colaboración eficaz.

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—¿Y la segunda razón?

—En segundo lugar, la aprobación por insistencia no es la manera de discutir con seriedad un cambio legislativo. Esto significa que el Congreso es el órgano central de aprobación de leyes, pero a su vez es el Congreso el que traiciona la voluntad y representación popular y vulnera compromisos internacionales que adoptó el Estado peruano. Toda arquitectura legislativa debe ser adaptada a las obligaciones internacionales. Esta vulneración del Congreso está llevando al Estado peruano a incumplir sus compromisos y tiene consecuencias negativas.

—¿Como cuáles?

—Generar desconfianza en la seriedad con que el Estado peruano asume sus compromisos internacionales y de desalentar todas las cooperaciones de desarrollo que ofrecen otros Estados. La comunidad internacional percibe que está ante un Estado errático, que dice que está comprometido, que observa los pasos para incorporarse a la OCDE.

—¿Por qué es contraproducente esta ley para los casos de corrupción y otros?

—La experiencia del Ministerio Público y la Procuraduría en el caso Vladimiro Montesinos demuestra que los plazos no pueden ser cortos. Son los que están ya señalados en los plazos específicos de cada caso penal. Cuando el Ministerio Público investiga un caso complejo, tiene un plazo; en un caso de crimen organizado, tiene un plazo. No estamos ante un vacío, eso es un falacia. Solo que cuando los abogados son entrevistados no tienen la decencia ni la honestidad de hacer un disclaimer y no dicen que son abogados de tales líderes políticos, procesados, y se lanzan a oponer como si establecieran parámetros. El tema de los plazos ha salido de ahí. Nadie está diciendo que la colaboración eficaz se extienda en el tiempo, pero se entiende que hay un marco temporal y que las demoras no son atribuibles solo al Ministerio Público. En el caso Lava Jato no es así; las demoras en esos casos son atribuibles a los obstáculos que pone la defensa (de los investigados).

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—Al comienzo de esta entrevista dijo que le despierta suspicacia la aprobación de esta ley. ¿Cuál es esa suspicacia?

—Es una coincidencia muy extraña que revela la real intención del Congreso. Esta norma se viene discutiendo desde el año 2022, cuando se hizo la propuesta de la Comisión de Justicia, que estuvo presidida por Gladys Echaíz. De pronto, con un sentido de urgencia que nadie explica y sin reflexión profunda y en el contexto de la revelación de la acusación que se hace a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y que implica a un grupo importante de congresistas que negociaron el ejercicio de la acción penal pública a cambio de ciertos favores, se aprueba esta norma de manera tan sorpresiva.

—Esta ley se aprueba en la misma semana en que el caso de la exfiscal de la Nación resuena tras la Operación Valkiria V.

—Estamos ante la confirmación de que esta norma fue hecha y aprobada de manera exprés por el Congreso para favorecer a una exfiscal de la Nación investigada por graves delitos.

—¿Va a perjudicar esta ley a esa investigación? Se lo consulto porque hay un proceso de colaboración eficaz de Jaime Villanueva, exasesor de la fiscal de la Nación.

—De hecho, va a ser así porque las normas procesales tienen aplicación retroactiva en todos los casos en curso. No solo favorece al caso de la exfiscal de la Nación, sino a cualquier otro.

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—El Departamento de Estado de Estados Unidos está tomando medidas para imponer restricciones a la vida a 300 políticos de Guatemala por “socavar la democracia”. ¿Estamos camino a eso en Perú?

—Estamos en una situación que se está pareciendo a la de Guatemala: el Ministerio Público de Guatemala, bajo la conducción de la fiscal Consuelo Porras, está activamente involucrado en un golpe de Estado. Sí hay un símil muy grande con lo que pasa en Guatemala porque en Perú hay un proceso de afectación y destrucción progresivo de las instituciones, protagonizado por el Congreso.

—¿No es descabellado pensar que en Estados Unidos se implemente la misma medida contra los políticos peruanos?

—Hay una desesperación y los coloca ante los reflectores como lo que son: enemigos de la democracia y no me extrañaría que en las próximas semanas el Gobierno norteamericano dictara una medida similar. Hasta ahora han adoptado medidas contra Gobiernos de América Central. De alguna manera puede ocurrir en El Salvador y luego en Perú.