Proceso por esterilizaciones forzadas vuelve a fojas cero

El Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional —que investiga a Alberto Fujimori, tres exministros de Salud y otros funcionarios más— resolvió dar cumplimiento a la disposición de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque respecto al mandato de la Corte Suprema que decidió en favor del recurso de amparo elevado por Alejandro Aguinaga al declarar nulo el auto de procesamiento.

En su resolución, el Juzgado Penal Supraprovincial de la Corte Superior, presidido por Littman Ramírez Delgado, también determina devolver todos los actuados al Ministerio Público “para las adecuaciones fácticas y legales que considere pertinentes y remita su decisión al órgano jurisdiccional competente para su pronunciamiento”.

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Hace dos años, el Ministerio Público presentó denuncia penal contra el expresidente y sus exministros de Salud por el caso de las esterilizaciones forzadas que se aplicaron en los años 90 como parte de un programa sobre control de natalidad.

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En ese momento, el exministro y actual congresista Alejandro Aguinaga interpuso un recurso de amparo, el cual en primera instancia fue denegado. Sin embargo, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia lo acogió, declaró nula la apertura de procesamiento y ordenó que el juez penal de la causa emita nuevo pronunciamiento.

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El abogado de IDL, Sigfredo Florián, quien patrocina a trece víctimas de esterilización forzada, refiere que las investigaciones ya habían concluido. Se tomaron los testimonios de más de mil afectadas. Incluso, estaba pendiente de solución por parte del juez la solicitud de la Fiscalía para presentar nuevas víctimas.

“Ahora, el caso se retrotrae hasta la denuncia fiscal, lo cual significa empezar de nuevo e implica que el juez determine nueva audiencia de presentación de cargos. Es un retroceso por dos años de diligencias en las que se tomaron más de mil testimonios de mujeres de las zonas más alejadas del país. Ahora hay que rehacer todo y no se sabe cuánto tiempo tomará esto”, señaló el letrado.

Por su parte, la abogada María Ysabel Cedano, de la organización de mujeres Demus, que también brinda asesoramiento legal a un grupo de afectadas, manifestó que pedirán un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde se ve el caso de Celia Ramos, porque se está actuando contra el derecho a la justicia.

“Para nosotras, la decisión de la Corte Suprema es cruel, inhumana, degradante, abusiva e injusta, ya que no escucha a las víctimas solo a los denunciados e investigados. No sabemos por qué les da la razón, recién nos vamos a enterar cuando nos notifiquen”, declaró Cedano.