Susana Castañeda pide al Congreso dar leyes constitucionales
Control. Desde Arequipa jueza suprema sostuvo que estas normas pueden ser anuladas por el TC y el control difuso del PJ.
La República en GoogleLa jueza suprema Susana Castañeda, señaló que las leyes del Congreso tienen que ser elaboradas en armonía con la Constitución. Caso contrario, recordó, sus normas pueden ser inaplicadas ya sea mediante el control difuso que realizan los jueces así como recursos en el Tribunal Constitucional (TC).
"El Parlamento puede dar leyes, pero en la medida que respete los principios y valores de la Constitución. Y de lo contrario estará el Poder Judicial vía control difuso o el Tribunal Constitucional vía proceso de inconstitucionalidad, dejándola sin efecto", señaló la magistrada.
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Castañeda disertó sobre el Control Judicial de las Leyes, durante el XIV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, que se desarrolló en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Allí también abordó acerca de la Ley 31751, que modifica los plazos de prescripción y que es vista como una puerta a la impunidad de investigados por corrupción y criminalidad organizada. Esta norma se hizo conocida con el nombre de Ley Soto, en alusión al presidente del Congreso, Alejandro Soto, su impulsor y también beneficiario.
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La jueza no sostuvo que la norma sea inconstitucional, empero remarcó que esta debe interpretarse según postulados establecidos por el TC y la Constitución.
En su conferencia, la jueza recordó que en su jurisprudencia, el TC se ha manifestado a favor de la persecución de delitos de servidores públicos. Así también, que la Constitución consagra el deber del Estado de combatir el tráfico de drogas.
Asimismo, recordó que en sentencia del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la corrupción no solo afecta derechos individuales de las personas, sino que alcanza a toda la sociedad, "pues resquebraja la confianza de la población en el gobierno y con el tiempo en el orden democrático".
La Ley 31751 fue invocada por políticos inmersos en investigaciones, como Alejandro Soto o el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
