Jorge Pérez sobre protestas: “Grupos políticos no entienden el clamor del pueblo”
El electo gobernador de Lambayeque señaló que dichos grupos no respetan la democracia y el ordenamiento jurídico. Agregó que el adelanto de las elecciones está en manos del Congreso.
La República en GoogleJorge Pérez, electo gobernador regional de Lambayeque, manifestó que grupos políticos generan la crisis que soporta el país, debido a que no entienden que existe democracia y ordenamiento jurídico.
“Definitivamente, los grupos políticos no entienden el clamor popular. No respetan el ordenamiento jurídico y la democracia”, subrayó.
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El también excongresista enfatizó que el clamor popular es por alimento, educación, salud, agricultura y seguridad ciudadana. “Se tiene que solucionar estos problemas de manera mancomunada, desde el gobierno nacional y gobiernos subnacionales. Es decir, con medidas propositivas para el cierre de brechas”, enfatizó Pérez.
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Cuando se le consultó su opinión sobre Dina Boluarte, Jorge Pérez respondió que, constitucionalmente, ahora es la presidenta del Perú. El exfuncionario de EsSalud, en el período del vacado expresidente Pedro Castillo, afirmó, de forma escueta, que el tema del adelanto de las elecciones generales está en manos del Congreso.
Jorge Pérez tiene hasta el momento un total de 230.406 votos.
Sobre las protestas que se realizan en diferentes regiones para exigir un nuevo proceso electoral, Jorge Pérez anotó que existe un orden constitucional que no debe vulnerarse. “Soy una persona de valores democráticos, y creo que no se debe azuzar a la población que está cansada del desgobierno y las grandes brechas sociales”, enfatizó a los medios de comunicación.
Agregó: “No se justifica los actos vandálicos, pero también hay que entender quiénes son los responsables. Ante ello, hago un llamado a todos los estamentos públicos para que se investigue la muerte de ciudadanos”.
Asimismo, precisó que al existir un estado democrático se puede caminar libremente, pero no utilizar las marchas para quemar estamentos públicos y empresas privadas que afectan la justicia y los derechos constitucionales.
