Dina Boluarte: ¿qué sigue luego de declararse procedente la denuncia constitucional en su contra?

La permanencia de Dina Boluarte en el puesto de vicepresidencia se tambalea. Tras la última decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que declaró procedente la denuncia constitucional en contra de la titular del Midis, surgen dudas sobre el proceso que enfrentará en los próximos días.

Según las declaraciones de una especialista consultada por La República, una vez que se declara procedente el informe, este “vuelve a la subcomisión para que se le designe a un congresista, que va a dirigir la investigación para la audiencia en la que la señora Boluarte puede hacer uso del derecho de defensa en el plazo que le asigne la comisión permanente”.

Durante este plazo, que no debe exceder a los 15 días hábiles, el parlamentario a cargo puede presentar un informe tras haber realizado la investigación respectiva. Este procedimiento es similar al que hizo el congresista Alejandro Cavero, quien vio la denuncia constitucional contra Manuel Merino.

Una vez presentado dicho informe, debe ser debatido en la subcomisión para luego mostrarse ante la Comisión Permanente. “Si es que la comisión permanente resuelve por mayoría acusar, el siguiente paso es que incluso pase al Pleno”, afirmó la especialista.

“En este caso, los votos en el Pleno del Congreso tienen que excluir a quienes ya hayan votado por la Comisión Permanente”. La votación sería determinada por mayoría simple, de la mitad más uno, dando un total de 66 votos a favor. De llegar a esta suma, la vicepresidenta podría ser retirada o inhabilitada de su cargo.

No obstante, la jurista aseguró que en todas las instancias, la persona acusada, en este caso, Dina Boluarte, puede emplear la defensa y explicar los detalles que considere pertinentes para evitar que se le impugne dicha denuncia.

¿Qué implica ser denunciado por infracción a la Constitución?

De ser aprobada la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por el Pleno, entrará a colación el artículo 100 de la Carta Magna que “permite suspender al funcionario acusado o inhabilitarlo o destituirlo”. Cabe precisar que estas medidas se adoptarían una vez que se haya generado un juicio político defensor a la Constitución, el cual es valorado por el Congreso.

Entre las decisiones que se podrían adoptar está la suspensión, donde Boluarte debería dejar su cargo de manera temporal; la inhabilitación, con la cual estaría impedida de ejercer el cargo hasta por 10 años; y la destitución, con el cual dejaría a Pedro Castillo sin un funcionario que lo suplente ante cualquier eventualidad.

El abogado de Dina Boluarte se pronuncia

La decisión del Legislativo, generó que Alberto Otárola, abogado de Boluarte, se manifestara. El jurista comentó que existía un sector del Parlamento que intentaba hacer una “finalización exprés”.

Otárola consideró a estos sectores como “grupos de derecha reunidos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”. El abogado justificó sus declaraciones alegando que “no ha pasado el tiempo suficiente, los 45 días para que se esté votando la admisión y han adelantado opinión”.