Jorge Alva no cuenta con experiencia para el cargo de secretario general de Palacio, según Contraloría

La Contraloría General de la República emitió un informe de orientación de oficio en el que concluye que Jorge Alva Coronado no cuenta con la experiencia mínima para asumir el cargo de secretario general del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno.

“El secretario general del Despacho Presidencial ha sido designado sin acreditar la totalidad de requisitos de la experiencia mínima para el cargo, situación que pone en riesgo la idoneidad de los actos administrativos emitidos durante el ejercicio del cargo”, se puede leer en el documento.

Alva Coronado asumió el cargo de secretario general el pasado 15 de marzo en reemplazo de Beder Camacho. A pesar de los cargos consignados en su hoja de vida, la Contraloría advirtió que no cumple con los “cinco años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado”.

El funcionario público indicó haber sido subgerente de Planeamiento y subgerente de Promoción de la Inversión de la Municipalidad de Jesús María, jefe de la sub-oficina de Recursos Humanos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), administrador de campamentos en la empresa Tinka Resources S.A.C. y gerente de administración de la librería imprenta JV EIRL. Sumado el tiempo de todos estos cargos, el secretario general de Palacio contaba con 5 años y 7 meses de experiencia.

Sin embargo, la Contraloría no validó los dos últimos trabajos presentados y argumentó que “no se acredita que las funciones desempeñadas resulten de colaboración directa o indirecta a aquellas ejercidas por un funcionario público (...) que haya influido o coadyuve de forma directa o indirecta a las funciones ejercidas por la Dirección o Ejecutivos del empleador o que el cargo ocupado constituya uno de directivo o de nivel jerárquico similar”.

Por tanto, el órgano de control recomendó hacer conocimiento de esta información al presidente de la República, Pedro Castillo, y al primer ministro, Aníbal Torres, a fin de que “adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan”.