Lima: un día de caos, protestas e incertidumbre

Lima amaneció sin buses de transportes público. Solo el Metro funcionó unas horas por la mañana. Desde temprano se vio a personas en varios puntos del norte, centro y sur de la capital tratando de encontrar algún vehículo para ir a sus trabajos. Unos decían que no se habían enterado del anuncio de inmovilización social, y otros que trabajaban en centros esenciales como hospitales o farmacias, a donde debían llegar. Fue un día de caos e incertidumbre que culminó en una manifestación que se salió de control.

La población se quejó de la orden que, entre gallos y media noche, anunció el presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación para evitar presuntos saqueos en Lima y El Callao, en el marco de los paros y protestas registrados en los últimos días a nivel nacional por el alza del precio del combustible y de productos de primera necesidad.

Comerciantes del Mercado Mayorista y de Gamarra se quejaban por las grandes pérdidas. Mediante un comunicado, los microempresarios del emporio de La Victoria calificaron la medida de desproporcionada y advirtieron que, al darse en medio de la campaña otoño-invierno, les generaría una pérdida superior a los 20 millones de soles.

Diversas organizaciones sociales, así como políticos, se pronunciaron contra el toque de queda y pidieron a Castillo dejar sin efecto el decreto. No lo hizo hasta pasadas las 5 p. m., cuando habían protestas en las calles.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la inmovilización afectaba “innecesaria e indiscriminadamente los derechos” en lugar de enfrentar la crisis de gobernabilidad y atender los conflictos. La Facultad de Derecho de la PUCP señaló que la inamovilidad no cumple con los parámetros exigidos en la Constitución.

La propia Verónika Mendoza colocó un fuerte tuit: “El gobierno no solo ha traicionado sus promesas de cambio, sino que ahora repite el método de ‘resolución de conflictos’ de la derecha: ningunear a quienes se movilizan con legítimo malestar por la situación económica y política, reprimir, criminalizar y restringir derechos”.

En otro tuit, la expremier Mirtha Vásquez refirió que “los conflictos no se solucionan con la represión ni imponiendo un estado de excepción que recorta derechos”. Y advirtió: “Medidas autoritarias como esta solo exacerbarán el malestar ciudadano que sufre la crisis económica. ¡Hágase cargo, presidente, y busque salidas democráticas!”.

Trascendió que en medio de las protestas que se desarrollaban al interior del país, el Gobierno cedió ante las exigencias de colectiveros y aceptó que forman parte de la reestructuración de la Sutran. Además, van a declarar en emergencia el transporte terrestre, reducir el impuesto al rodaje, congelar las tarifas de los peajes en rutas no concesionadas y otros puntos.

Sin control

En el transcurso de la mañana, en redes sociales se convocó a una marcha en contra del Gobierno. La concentración era a las 3 p.m. en plaza San Martín. Pasado el mediodía se difundieron videos de “cacerolazos” en Barranco, Miraflores, Jesús María y San Miguel.

Desde la 1.30 p.m. manifestantes comenzaron a marchar desde La Molina, San Isidro, San Borja y San Miguel. Algunos fueron a pie y otros en sus autos. Muchos vestían camisetas de la selección peruana, llevaban banderas, pancartas y ollas.

La Defensoría del Pueblo supervisaba el desarrollo de las movilizaciones y resaltó que debían ser pacíficas. Sin embargo, después sucedió lo contrario. Ya en la plaza San Martín, pedían la renuncia de Castillo. “¡No queremos bonos, queremos trabajo!”, dijo una ciudadana.

Desde las 4 p.m. un grupo tomó la avenida Abancay e intentó dirigirse a la sede del Congreso, donde ya se encontraba el jefe del Estado con representantes parlamentarios.

Un cordón policial paralizó el avance; no obstante, al insistir y aventarse contra los efectivos, cruzaron la línea. En el grupo se identificó a colectivos agresivos La Resistencia, Los Combatientes, Arica no se Rinde, Los Patriotas, entre otros.

Los agentes comenzaron a usar bombas lacrimógenas, vehículo de asalto, echaron agua y se hizo presente la policía montada. Con ello, lograron despejarlos, pero un grupo seguía atacando con palos, botellas, piedras y adoquines que forman los pisos. También prendieron fuego al interior de un contenedor.

Unidades de bomberos recorrían la zona para auxiliar a los potenciales heridos.

A las 6:30 p. m., el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, comunicó que cuatro agentes fueron heridos, dos de gravedad: “La manifestación se ha distorsionado. Son vándalos que están atacando a la policía”. Luego llegó al lugar, pero se retiró tras ser hostigado.

También atacaron a la prensa. Una piedra cayó en el brazo de la videorreportera Mary Luz Aranda de La República, y se reportó más agresiones a periodistas de otros medios.

Además, provocaron destrozos a la propiedad pública y privada. Reventaron las lunas de la sede del Ministerio Público y luego atacaron la Corte Superior de Justicia. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, informó que cien personas ingresaron e intentaron quemas las cosas que se encontraban dentro. “Yo creo que detrás de estas personas hay un interés de por medio porque precisamente han ingresado por la parte posterior”, sostuvo.

Atacaron la sede del Jurado Nacional de Elecciones, la estación del Metropolitano y se registraron saqueos en tiendas.

Cerca a las 9 p. m. EsSalud informó que el Hospital III de Emergencias Grau atendió a cuatro adultos. Uno de ellos permanece internado en observación al tener herida punzocortante en el tórax. La institución confirmó que son civiles.

Pasada las 10 p. m., el Ministerio del Interior detalló que alrededor de 25 agentes de Unidad de Servicios Especiales resultaron con contusiones leves.

Tras más de seis horas de enfrentamientos, las acciones violentas se debilitaron.