Política

Estado desembolsó S/ 23 millones para pagar defensa jurídica de ex altos funcionarios

Entre el 2016 y el 2019, el Estado cubrió los gastos judiciales de ex altos funcionarios gracias a la ley Servir. Uno de los últimos personajes que se acogieron a la norma fue el investigado expresidente Ollanta Humala.

Benefactores de la ley Servir. De izquierda a derecha: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Bruno Giuffra y César Villanueva. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República
Benefactores de la ley Servir. De izquierda a derecha: Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Bruno Giuffra y César Villanueva. Foto: composición de Gerson Cardoso / La República

Entre el 2016 y el 2019, el Estado desembolsó S/ 23 116 450 para pagar la defensa jurídica de ex altos funcionarios investigados y procesado, en su mayoría, por casos de corrupción, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece este viernes 25 de marzo.

De acuerdo al informe de la revista, exministros de Estado, exgobernadores regionales y exfuncionarios fueron beneficiados gracias a la ley Servir (Ley Nº 30057), promulgada en el Gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso, el cual permite que el Estado les brinde “la defensa y asesoría legal, asesoría contable, económica, con cargo a los recursos de la entidad”.

Al respecto, uno de los ex altos funcionarios que sacó provecho de la ley fue Pedro Pablo Kuczynski en el 2018. Siendo presidente, se acogió a la norma para que el Estado pague la defensa legal por un caso de corrupción cuando se desempeñaba como ex primer ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo.

La Presidencia del Consejo de Ministros contrató al Estudio Hernández & Cía. Abogados por el monto de casi 180.000 soles, según Hildebrandt en sus trece. El exmandatario era investigado por la Comisión Lava Jato del Congreso cuando el Estado le prestó el apoyo económico. Dos meses después, PPK se vio obligado a renunciar a la Presidencia de la República.

Otros exfuncionarios que se ampararon al beneficio de la Ley Servir fueron los exministros Bruno Giuffra (de la cartera de Transportes y Comunicaciones) y César Villanueva (cuando fue el presidente del Consejo de Ministros). También está el exjefe aprista de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE) Oswaldo Plasencia y la exsecretaria de Palacio de Gobierno Miriam Morales.

Del mismo modo, una de las instituciones estatales que más dinero pagó en abogados para sus entonces funcionarios involucrados en hechos irregulares fue la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) -entidad que otorgaba las buenas pro a Odebrecht y demás constructoras brasileñas- con 6 128 048 soles. Luego, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde también se direccionaban grandes licitaciones, destinó 5 052 420 soles.

Del mismo modo, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentran entre los organismos que han realizado mayores contrataciones del servicio de defensa y asesoría legal para sus exfuncionarios.

Recientemente, el expresidente Humala Tasso se ha acogido a la ley Servir. El pasado 1 de julio del 2021, a través de una carta dirigida a Palacio de Gobierno, solicitó que el Estado le brinde defensa legal o patrocinio judicial en la investigación que le sigue la Fiscalía.

El Despacho Presidencial, en ese entonces a cargo de Francisco Sagasti, declaró el 12 de julio del mismo año procedente la solicitud del líder del nacionalismo. Ahora, el Estado financia el costo de la defensa legal de Ollanta Humala con un total de S/ 248.400 , según informó el semanario.