Pedro Castillo está complicado jurídica y políticamente
Análisis. Expertos concluyen en que las declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz deben comprobarse para adquirir valor en el proceso fiscal. Sin embargo, resaltan que situación sí afecta al presidente en el escenario político.
La versión que dio un aspirante a colaborador eficaz, atribuida a Karelim López, que involucra al presidente Pedro Castillo en una presunta organización criminal, pone de nuevo en alerta la estabilidad política peruana.
Especialistas analizan los posibles escenarios y concluyen que se trata de una compleja situación penal y política para el actual mandatario.
Medios probatorios
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado resalta que el contenido de lo declarado “es muy grave”, pero deberá ser corroborado por la delatora. “Si se va a asumir que lo dicho es equivalente a un autoprocesamiento o condena, estamos perdidos como una sociedad”, comentó. Señala que, de acuerdo con la versión, la situación “supera en sí mismo el concepto de organización criminal”, al asociarse además a dos fenómenos: la delincuencia del poder, que garantiza impunidad a sus miembros y busca obtener ganancias máximas, y la ejecución de una gran corrupción.
”Castillo lo habría planeado incluso antes de asumir el poder, lo que genera más elementos de gravedad porque estaríamos hablando de que lo premeditó”, dijo Maldonado y dijo que si se corrobora, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, debería anular la suspensión de la investigación en contra del mandatario para que continúe.
Por su parte, el exprocurador Luis Vargas explica que el proceso de colaboración eficaz depende de los medios probatorios que se presentan. Si son corroborados, con la Fiscalía se determina los beneficios al colaborador y luego entra la Procuraduría para discutir la reparación civil. Al llegar a un acuerdo, se presenta al juez penal para que verifique si cumplen con los requisitos. Si es así, lo homologa, es decir, lo valida.
Vargas manifiesta que al tratarse de un presidente cuando se tengan las pruebas, la carpeta se elevará a la fiscal de la Nación para que decida abrir investigación o trasladar al Congreso. “Hay un peligro para el presidente Castillo. Tiene que esclarecer estos hechos”, manifestó. Mencionó que el caso se podría relacionar con el cese del exprocurador general Daniel Soria y la denuncia contra Ávalos.
Presuntos delitos
La abogada penalista Romy Chang detalló que la Fiscalía puede imputar a Castillo por los presuntos delitos de colusión, organización criminal, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible y enriquecimiento ilícito. Los dos primeros son los más graves y cada uno tiene una pena de hasta 15 años de prisión. Además, la organización criminal permite ampliar los plazos durante la investigación.
Explica que, aunque se traten de nuevos presuntos graves hechos, estos no cambian la condición procesal que Ávalos estableció para el presidente. Es decir, la investigación en contra de Castillo tendría que continuar suspendida, al menos mientras dura en el cargo.
El constitucionalista Luciano López resalta que las evidencias que se presenten deben ser no solo otros testimonios. Menciona que la única vía que puede usar el Congreso en contra del presidente es la vacancia por incapacidad moral permanente, que en los últimos casos se ha reducido a la ”fuerza de votos”. Observó que este hecho demuestra la importancia de la colaboración eficaz y que Castillo, por sus conflictos de intereses, es “uno de los interesados” en que este mecanismo sea debilitado, como se busca en el Parlamento.
Para la politóloga Paula Távara, más allá de las investigaciones, el caso “políticamente es sumamente costoso para el presidente”, porque los votos que se sentían seguros en contra de una vacancia ahora “quizás se cuestionen”. “Salvo que aportase muchas pruebas, será muy difícil que se le crea. Va a ser un golpe difícil de asentar y habrá que ver cuáles son las reacciones que se van tomando”, dijo.
Presidentes vacados por corrupción
En el año 2000, Alberto Fujimori fue declarado por el Congreso en permanente incapacidad moral y vacado de la presidencia de la República luego de que fugara a Japón tras el escándalo de los vladivideos.
Veinte años después, Martín Vizcarra fue vacado por hechos de corrupción en su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Cuatro aspirantes a colaborador eficaz en el caso Club de la Construcción declararon que la empresa Obrainsa le pagó un millón de soles y que además recibió 1,3 millones de soles de otras empresas para la licitación del proyecto de construcción del Hospital Regional de Moquegua.
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Reacciones
“Potencialmente tiene un contenido muy grave, no obstante, solo adquiere valor una vez que sea corroborado. De lo contrario, estamos ante un acontecimiento más mediático que procesal jurídico”.
Antonio Maldonado, exprocurador
”Es bastante sintomático que el presidente resulte involucrado en serias imputaciones. Cuando otros sientan que su situación se comprometa, no les quedará otra que acceder a la colaboración eficaz”.
Luis Vargas Valdivia, exprocurador
”Que se generen nuevos delitos no cambia la explicación de la fiscal de la Nación de que solo se le puede investigar cuando deje de ser presidente. A no ser que el Congreso decida vacarlo”.
Romy Chang, abogada penalista
”Estoy dentro del grupo que no considera que la vacancia por incapacidad moral deba usarse hasta que no se modifique, pero si en el Parlamento tienen los votos, prácticamente pueden usarla”.
Luciano López, Constitucionalista
