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Congresistas buscan mayor poder político

Al caballazo. Opositores al Gobierno impulsan leyes que le darían al Legislativo dominio sobre la designación del procurador general del Estado, contralor de la República y otras autoridades. Otra muestra de movidas para la confrontación.

Afanes. Patricia Chirinos, José Elías, Karol Paredes, Héctor Acuña y Adriana Tudela promueven que el Poder Legislativo controle el nombramiento de más autoridades en el Estado. Foto: composición/ difusión
Afanes. Patricia Chirinos, José Elías, Karol Paredes, Héctor Acuña y Adriana Tudela promueven que el Poder Legislativo controle el nombramiento de más autoridades en el Estado. Foto: composición/ difusión
David Pereda

Congresistas de oposición intentan que el Poder Legislativo, dominado precisamente por los grupos contrarios al Gobierno, controle la elección de diversas autoridades del Estado. Al proyecto de la bancada de Avanza País para que el Congreso designe al procurador general, se suman otros para hacer más poderosos a los parlamentarios.

Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, presentó el miércoles 26 un proyecto de ley para que el procurador general del Estado sea elegido por el Congreso a propuesta de la Comisión Permanente de esta misma entidad. Actualmente, este alto funcionario es designado por el presidente de la República a proposición del ministro de Justicia, pero tiene autonomía.

En su proyecto, Chirinos alega que “busca otorgar autonomía a la Procuraduría General” y que la “defensa jurídica del Estado no dependa exclusivamente de los gobierno de turno”. Su colega Héctor Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), había propuesto casi lo mismo dos semanas antes: que el procurador general sea elegido por el Congreso con el voto a favor de dos tercios de los legisladores.

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El actual procurador general, Daniel Soria, ha denunciado al presidente Pedro Castillo por presunto tráfico de influencias y se mantiene en su cargo por las prerrogativas que le da la ley al respecto.

Los especialistas cuestionan que se pase al Congreso la elección del procurador general.

“Es sumamente riesgoso. Si se quiere desvincular de la politización que podría significar la designación por parte de la presidencia, no cambia. Lo elegiría el Congreso y tendríamos el riesgo de politización del Congreso”, dice el exprocurador anticorrupción Yván Montoya.

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“Es politizar una institución que requiere independencia ante los otros organismos del Estado”, coincide Luis Vargas Valdivia, también exprocurador.

Más poder

Otras iniciativas ratifican la vocación de la oposición por empoderarse en el Parlamento.

El congresista José Elías Ávalos, de Podemos Perú, planteó que el Legislativo tenga que ratificar la designación de embajadores y ministros plenipotenciarios y los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía que haga el presidente de la República. El proyecto está en la Comisión de Constitución del Congreso desde el mes pasado.

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La legisladora Karol Paredes, de Acción Popular, ha propuesto que el Parlamento elija directamente al contralor de la República, sin ceñirse a la propuesta que haga el Ejecutivo, como establece la Constitución. La iniciativa está también en Constitución desde este mes.

Adriana Tudela, de Avanza País, proyectó que la Comisión Permanente del Congreso pueda retirar a integrantes del comité directivo de Indecopi. Luego, la Comisión de Constitución del Legislativo dictaminó que la Permanente no solo pueda remover a estos directivos, sino que deba decidir si los ratifica.

Son algunas muestras de la búsqueda de más poder congresal.

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Iniciativas de congresistas buscan mayor poder político. Infografía - La República

Reacciones

Yván Montoya, exprocurador anticorrupción

“Se refleja que el Congreso cada vez más y con mayor intensidad viene siendo un centro de representación de intereses particulares. No tienen ni noción de lo que es el diseño constitucional. Creen ser el primer poder del Estado”.

Luis Vargas Valdivia, exprocurador especial

“Son fórmulas ya superadas que buscan concentrar mayor poder en el Congreso y esas decisiones atentan contra designaciones adecuadas. Esos entes constitucionales importantes no pueden depender de voluntad política”.