Marianella Ledesma: “El hecho de que Sunedu haga su labor de control no atenta contra la autonomía universitaria”

Marianella Ledesma dejará la presidencia del Tribunal Constitucional en enero cuando la reemplace en el cargo Augusto Ferrero. En esta entrevista, se pronuncia sobre la figura de la vacancia presidencial y admite que no haberla zanjado en su momento es un “pasivo” de su gestión. También habla del rol de la Sunedu.

Cuando se planteó recientemente una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, expertos recordaron que la institución que usted dirige no zanjó el tema, que lo dejó abierto. ¿Qué piensa?

Una Constitución tiene formas abiertas o indeterminadas, por ejemplo, la incapacidad moral permanente. Darles contenido a estas fórmulas abiertas es obra de los jueces constitucionales y, con mayor razón, de los tribunales constitucionales. Reconozco que este es un pasivo que dejamos como institución en esta gestión, lamentablemente.

¿No haber zanjado lo de la vacancia presidencial es un pasivo?

Sí, sí, y lo reconozco. Anhelo que los nuevos magistrados que lleguen al TC puedan cumplir esa labor y den ese contenido para evitar estas situaciones de inestabilidad. En estos dos años de gestión he visto cuatro presidentes…

Y se quería poner un quinto.

Exacto. En lo personal, yo emití un voto junto con el magistrado Ramos para darle una interpretación a la figura de la incapacidad moral, pero no tuvimos éxito y, como es de público conocimiento, se prefirió guardar silencio.

¿Cómo interpreta este momento político explosivo, en el que se habla de vacancia presidencial con la mayor naturalidad del mundo?

Efectivamente, estamos en una gran polarización de las ideas a tal punto que si una no piensa de cierta forma no es bienvenida a determinado grupo. No sé si esto es un modelo de organización democrática, porque la democracia permite la exposición de ideas y la tolerancia con las minorías. De otro lado, si bien en un estado de derecho se fijan ciertas reglas para generar un equilibrio de poderes, a la luz de estos últimos tiempos considero que hay un uso pervertido de estas figuras que nos lleva a vivir un clima de inestabilidad política y, por añadidura, social y económica, en que los grandes afectados son los ciudadanos.

Para usted, ¿qué debería justificar una vacancia presidencial?

Expulsar a un presidente electo debe ser la última opción a la que uno debería aspirar. ¿Y qué lo debería justificar? Hay que recordar que, frente a la figura de la vacancia, está la del mandato popular. Quien está en el cargo de presidente, está legitimado por una votación y elegido para determinado periodo. Si un presidente tiene problemas mentales, con el discernimiento, se justificaría. Pero esas son situaciones límites. De nuevo, estamos enfrentándonos a la voluntad popular y por eso se necesita una gran justificación.

¿Como un acto de corrupción flagrante?

Claro, o que sea alguien que se dedique a maltratar a su cónyuge. Alguien que ejerce violencia en su hogar no puede dirigir un país.

Se aprobó una ley que exige que toda reforma constitucional sea aprobada por el Congreso antes de ser sometida a referéndum. ¿Es un recorte del derecho al referéndum? Hay un debate. ¿En qué posición se coloca usted?

Me voy a colocar de acuerdo a lo que dice el propio texto de la Constitución, que diseña una fórmula para hacer la reforma, en el artículo 206. La norma literalmente dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Y hay dos procedimientos: con la votación de la mayoría absoluta del Congreso más un referéndum o con la votación de más de los dos tercios de los congresistas en dos legislaturas consecutivas. Mucha gente mira solo el artículo 32 que dice que puede ser sometida a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución, sin embargo, la lectura no es esa. Hay que leer el 32 acompañado del 206.

Entonces, me parece comprender que, en su lectura, lo aprobado no cambia casi nada las cosas.

Lo que han hecho es parafrasear lo que está en la Constitución.

Es necesario hablar de la Sunedu. ¿Sus acciones atentan contra la autonomía universitaria?

El Tribunal ha jugado un papel preponderante en todo lo que es la reforma universitaria. El Congreso sacó la ley universitaria y este pleno (del TC) ha validado su constitucionalidad. Hay que asumir que la educación es un servicio público brindado por privados y universidades públicas. El hecho de que Sunedu haga su labor de control, regulación y fiscalización no atenta contra la autonomía universitaria. Si bien cada universidad es autónoma en generar sus reglamentos o estatutos, no pueden ser ajenos a lo que diga la ley o la Constitución.

¿El Estado tiene la responsabilidad de fiscalizar el servicio educativo considerado como un servicio público?

Por supuesto, por supuesto. No es que la educación sea una mercancía y que las universidades hagan un negocio. La educación es un servicio público y el Estado tiene la obligación constitucional de velar y verificar cómo se brinda.

Desde ese punto de vista, la actuación de la Sunedu es perfectamente constitucional.

Ya lo hemos dicho en el 2015 cuando validamos la ley universitaria y la acción de la Sunedu.

¿Qué le sugiere que cada tanto el TC declare la inconstitucionalidad de leyes aprobadas en el Congreso?

Lo ideal es que los congresistas que tienen la atribución de dar estas normas hagan su labor con la mayor eficiencia. No es que sacar una ley es una suma de votos para que luego el TC declare su inconstitucionalidad. Hay la obligación constitucional de los legisladores de realizar adecuadamente su labor.

¿El TC se ha convertido en una especie de Senado? Diera la impresión que sí.

Estoy de acuerdo con la reflexión que hace. Tenemos un modelo unicameral y muchas veces algunos temas son liberados de dictámenes de las comisiones e incluso las observaciones que hace el Ejecutivo muchas veces ni siquiera...

Son tomadas en cuenta.

Ni tienen respuesta en un dictamen. Mano militar, nada más, vuelven a ratificarse. Un ejemplo es el Código Procesal Constitucional. El Ejecutivo lo observó y el Congreso no dio ningún dictamen de respuesta, si no que de frente se sometió a una votación. Ese tipo de actuaciones es el que lleva a que el TC tenga una política más vigilante en el resultado de esta labor legislativa. En lo personal, creo que deberían existir dos cámaras para mejorar la deliberación y la calidad de las leyes y no lo que vemos en estos momentos, ¿no? Como tenemos un control constitucional posterior, después que sale la ley con efectos nocivos recién podemos controlar. Lo ideal sería un modelo de control previo para evitar estas situaciones.

¿Qué reflexión hace del proceso que se lleva adelante en el Congreso para elegir a los nuevos magistrados?

Anhelo que el Congreso haga su labor de la mejor manera para que se seleccione a los magistrados que realmente puedan interpretar, libres de pasiones e intereses, las normas de la Constitución. El TC se ha convertido en una institución muy importante para validar leyes y otros temas. Al Tribunal llegan conflictos tributarios, sociales, laborales, incluso vinculados a dogmas de fe en los que hay que intentar hilar fino para ver qué respuesta trabajar en un Estado laico.

Como lo de la píldora del día siguiente.

Exacto, o lo del aborte terapéutico, del control de la natalidad, que son temas en los que se entrecruzan creencias religiosas versus posiciones laicas. Acá no hay credos ni ideologías. Lo que se tiene que elegir son jueces que tengan un sentido común, que conozcan el derecho constitucional, que tengan sentido de justicia, que sean probos. Eso es lo que se requiere.

¿Es válido, desde su punto de vista, que un juez constitucional imprima en sus decisiones sus creencias religiosas?

Yo no creo que sea una posición válida. Nunca en el pleno yo he hecho saber cuáles son mis posiciones religiosas al respecto. A la hora de decidir un caso, yo aparto mis creencias para resolver, porque yo no estoy en un culto, en un templo, en una feligresía. Estoy resolviendo como una ciudadana a la que le han confiado interpretar la Constitución. Nunca en el Tribunal he manifestado mi concepción de Dios, y, por cierto, yo creo en Dios, yo sí tengo una concepción y una militancia en una fe que no quiero decir para no contaminar el asunto y que me digan que soy de tal iglesia. Prefiero guardar, siempre, ese silencio interno de lo que creo sobre Dios.

¿Alguno de sus colegas ha hecho evidente alguna vez sus creencias religiosas en sus argumentos?

Yo prefiero reservarme esos temas. Yo respondí a la pregunta de si yo hacía ver en mis votos mis posiciones religiosas.

¿De qué se siente más satisfecha de su gestión al frente del TC?

Cuando asumí, a los 60 días inició la inmovilización producto de la pandemia y frente a esta situación incierta que nos ha tocado vivir digitalizamos el Tribunal: todo el TC es digital en su producción. No ha habido ni una persona fallecida, todos han hecho trabajo remoto. De los 7,200 expedientes por resolver que recibí, dejo 2,500 pendientes. Lo segundo es que dejamos el viejo local de Lima y pusimos en actividad el de San Isidro, más moderno. Y debo recordar que se han planteado, además, las deliberaciones públicas. Y, por último, para mí lo más bello es la política inclusiva: por primera vez el TC tiene en paralelo un portal en quechua, comunicación en quechua, programas educativos en quechua, porque el Tribunal da cobertura a todos los ciudadanos para afirmar un mensaje dado en nuestra jurisprudencia: el Estado tiene que dar sus servicios en el idioma preponderante de la zona. Hemos empezado con el quechua, ojalá que los magistrados que vengan impulsen otros idiomas.

¿Qué significó para usted ser la primera presidenta del TC?

Cuando inicié esta gestión, en mi juramento dije que la dedicaba a todas las mujeres de mi patria que por años luchan y piden igualdad de oportunidades. Esta gestión se las he dedicado a ellas y este es el resultado.

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