CIDH admite caso sobre torturas cometidas en cuartel Los Cabitos

En noviembre de 1983, Alicia Pérez Melgar, profesora en el distrito ayacuchano de Machente, en el Vraem, fue detenida por la Policía cuando observaba el lugar donde debía votar para las elecciones municipales. La acusaron de terrorista y la llevaron al cuartel del Ejército Los Cabitos, ubicado en Huamanga. Años después, contó lo que le sucedió ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Relató que, en esa instalación, los militares la encapucharon y obligaron a desnudarse para torturarla.

“Me dijo: ‘¿Qué tal camarada? Ahora tienes que desnudarte’. Me asusté e insistió. Me colgaron con los brazos para atrás. Grité por el dolor que me causaba. Me tiraron puñetes en la sien, en los senos. Se colgaban de mis pies y me decían: ‘Habla, yo te he visto’. A cierta altura, sentí que me desataban la cuerda y me caí de cara al suelo”, señaló.

Días después, la entregaron a la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), de donde salió en libertad.

Alcira es una de las quince personas detenidas en 1983 en Los Cabitos, que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de justicia por las torturas que sufrieron, cuyo caso acaba de ser admitido por dicha instancia supranacional.

También figura el caso de Edgar Timoteo Noriega Ascue, un artesano que fue sacado de su casa una madrugada de la primera semana de julio de ese año. Lo torturaron física y psicológicamente.

Casi tres décadas después, dio su testimonio ante la Sala Penal Nacional que procesó a los altos mandos del cuartel Los Cabitos por violaciones a los derechos humanos cometidas contra más de medio centenar de personas.

“Al tercer día, empezaron a torturarme, a colgarme. Casi interdiario, me torturaban… La tortura continuaba, me han pasado electricidad, me han botado a la piscina… Un día me sacaron y me subieron a un carro. Me bajan a una distancia y me llevan a pie. Me hacen subir a un helicóptero, por el sonido supe que era un helicóptero. Me suben y me cuelgan del helicóptero de mi mano. Me tuvieron colgado un minuto, luego me devolvieron... Un día me sacaron en la madrugada. Me dieron una lampa y un pico, y me dijeron: ‘Despídete, te vamos a matar’. Como he sido recluta, conozco los alrededores del cuartel”, detalló ante los jueces.

Su esposa, Olga Gutiérrez, fue detenida poco después por haber ido a buscarlo. En su declaración ante la Sala Penal, detalló que la manosearon, obligaron a desnudarse y golpearon.

Similares vejámenes sufrió Sergio Cabezas Javier, un estudiante de 15 años, que también trabajaba como artesano. Lo torturaron y fue testigo de la violación de una menor, así como de ejecuciones extrajudiciales, como relató a los magistrados.

“Me llevaron a una casa de calamina también donde había un palo fierro y ahí me han colgado. Para mí que eso era una sala de torturación (sic)… Me sacan los polos, me sacan los pantalones y primero me metieron electricidad... Vi con mis ojos a una niña que lo ha traído… Le preguntaban a la niña: ‘¿Cuántos años tienes?’; ‘Tengo catorce, quince’, dijo la niña; ‘Ya, de acá a una hora vas a tener dieciocho años’. Vi que la han violado... Nos llevan a un sitio que se llama Infiernillo. Nos sacaron en un carro, ese que lleva tropas color verde, a uno sobre otro, así como a papas, habremos sido más o menos siquiera unos veinte... Ahí nos ponen así en fila, primero sin preguntar nada metió bala y uno de esos a la vista se ha caído, ¡plum!, se ha caído al suelo. ‘Vas a hablar o no vas a hablar así'. Y no hablaba nadie y ¡pum! ¡pum! así mataba, y uno de mi costado, también cae, uno de mi ladito nomás cae también, así entre mis pies”, contó.

En el informe de admisibilidad de la CIDH, figuran también los estudiantes Jorge Vásquez Mendoza, Armando Prado Gutiérrez, Teodosio Huamán Toledo, María Lourdes Noa Baldeón, los últimos tres tenían entre 14 y 17 años. Asimismo, se incluye al profesor Máximo Cárdenas Sulca y sus hijos Luisa Catalina, Máximo Alfredo y Víctor Luis Cárdenas López; a Evaristo Prado Ayala, Odilia Córdova Huashuayo y Esteban Canchari Caccñahuaray.

Etapa de fondo

La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, que representa a las víctimas explica que ahora se iniciará la etapa de fondo, y los denunciantes y el Estado deberán hacer las observaciones que consideren al informe de admisibilidad, tras lo cual la CIDH decide si pasa o no a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Al pronunciarse por la admisibilidad, señala que reúne todos los requisitos necesarios para convertirse en un caso de la comisión, y ahora debe emitir un informe de fondo en el que declare o no la responsabilidad del Estado en cuanto a las torturas cometidas en el cuartel Los Cabitos en 1983″, sostuvo.

Explicó que decidieron acudir a la comisión antes de que acabe el proceso judicial interno porque demoró muchos años en ser investigadas estas violaciones a los derechos humanos, y porque dentro del proceso la Sala pretendió archivar el caso afirmando que en 1983 no estaba tipificada la tortura. Agregó que el juicio continuó porque la Fiscalía cambió la calificación de tipo penal a abuso de autoridad, aunque hablando siempre de tortura.

Sin embargo, al final, en su sentencia, los magistrados no los reconocieron como víctimas y más bien sostuvo que no se había podido probar varios casos de tortura, entre otros el de la profesora Alicia Pérez, pese a los certificados de las secuelas y el peritaje psicológico presentados.

Cano remarcó que, si bien condenaron a dos exmilitares por tortura, ninguno está preso y el Estado no ha pagado la reparación a las víctimas. “Sigue la situación de impunidad”, lamentó.