Plantean incorporar nuevas causales para suspender o vacar del cargo a alcaldes y regidores
Parlamentario de Perú Libre propone que entre las nuevas causales se considere el no ejecutar los acuerdos del concejo municipal y no promulgar las ordenanzas o disponer su publicación.
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El congresista Roberto Kamiche, de Perú Libre, presentó un proyecto de ley para incorporar nuevas causales para suspender o vacar del cargo a alcaldes y regidores.
Por medio de la iniciativa legislativa 928/2021-CR, Kamiche propone modificar los artículos 20, 22 y 25 de la Ley n°. 27972, que corresponde a la Ley Orgánica de Municipalidades.
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Entre las nuevas causales para suspender a los burgomaestres por falta grave, se plantea que se aplique si no se ejecutan los acuerdos del concejo municipal y/o no promulgan las ordenanzas ni disponen su publicación. Asimismo, la misma sanción sería aplicada por no cumplir la ejecución de acuerdos del concejo municipal ni publicar el reglamento interno del mismo.
En ese sentido, la destitución del alcalde o regidor se ejecutaría, previa declaración del concejo municipal, al no implementar las recomendaciones contenidas en los informes de la Contraloría u otro órgano de control institucional que haya constatado daños económicos por parte de la entidad municipal.
En la exposición de motivos se refiere que en el caso de los gobiernos locales, relacionada a la incidencia de la corrupción, existe una inconducta funcional que se encuentra vinculada a la forma en que los alcaldes ejercen sus atribuciones.
Esta inconducta se refiere al incumplimiento de acuerdos de concejo municipal, principalmente de los relacionados a actos de fiscalización de los regidores y a la omisión para implementar las recomendaciones de la Contraloría u órganos de control institucional para iniciar los procesos civiles o penales que correspondan y, de esta manera, poder resarcir los perjuicios económicos.
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Finalmente, precisa que, de ser aprobado el proyecto de ley, tendría un impacto positivo en la legislación nacional al permitir un fortalecimiento de la lucha anticorrupción en los gobiernos locales por medio de sanciones o vacancia a quienes hayan omitido actos de fiscalización para resarcir daños patrimoniales contra la entidad.
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