Los consejeros de Arequipa no deben actuar con cálculo político, sostiene la Defensoría del Pueblo
Entrevista a Ángel María Manrique, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, sobre la crisis política en el GRA y la posición que debería adoptar el Consejo Regional.
Por: Elizabeth Huanca Urrutia
La región Arequipa vive la peor crisis política de los últimos años. Con la detención del gobernador Elmer Cáceres y la muerte del vicegobernador Walter Gutiérrez, campea la incertidumbre. En ese contexto, el Consejo Regional debe elegir al sucesor. En esta entrevista, el Defensor del Pueblo, invoca a los consejeros a actuar con responsabilidad. Está en juego el futuro de la región.
En los próximos días el Consejo Regional debe elegir al gobernador regional encargado.
Queremos invocar a los miembros del Consejo Regional a que depongan cualquier posición personal y prioricen el desarrollo de Arequipa. Tienen que ser conscientes que se va a elegir a un consejero que va iniciar un gobierno de transición en Arequipa.
¿Qué debería priorizar el próximo gobernador?
Son cuatro puntos. Se tiene que garantizar la vacunación contra la COVID-19, así como concluir obras inconclusas en los hospitales. Como segundo punto, se debe asegurar el retorno seguro a clases. Se debe garantizar que en marzo de 2022 se inicia al 100%. En tercer lugar, se debe tener una estrategia para luchar contra la corrupción. El consejero que sea elegido, debe garantizar la idoneidad profesional y ética de los funcionarios del GRA y en cuarto lugar, se debe definir la situación del proyecto Majes II.
¿Hay incertidumbre pues aún no se sabe si el gobernador Elmer Cáceres va o no a prisión?
Estamos en una situación tan crítica que debemos tomar acciones inmediatas. No podemos ponernos en una posición de cálculo político. Se debe elegir al sucesor del gobernador así sea por horas, por días. Por cada día que pase, el cesante deja de cobrar, los niños dejan de estudiar.
¿Qué perfil debe cumplir el consejero que asuma la titularidad del gobierno regional?
No podemos pronunciarnos al respecto, pero sabemos que se debe lograr el consenso total de todos consejeros para que la elección sea mayoritaria.
Parece una tarea imposible frente a un consejo resquebrajado por el caso Los Hijos del Cóndor...
Puede haber diferencias, discrepancias, pero en este momento se deben poner de acuerdo para definir al sucesor del gobernador. Sé que cada uno va a buscar su interés personal, pero es el momento de crisis donde los ciudadanos esperamos que los actores políticos se pongan de acuerdo y definan una agenda prioritaria para Arequipa.
Hay consejeros con aspiraciones políticas para el 2022. Si uno de estos es electo, al próximo año tendríamos que buscar otro gobernador temporal...
Lo que esperamos es que los actores políticos actúen con responsabilidad no con cálculos personales.
También hay consejeros cuestionados e investigados por corrupción ¿Cómo garantizar la idoneidad del nuevo gobernador?
Soy consciente de esa problemática. Por eso es el llamado de la Defensoría. En este momento estamos en una situación caótica. Al proyecto Majes le han dado plazo perentorio, sino se cumple con el plazo, Arequipa se queda en el aire. Está en riesgo el futuro de Arequipa.
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Hay voces que piden una junta transitoria que acompañe al gobernador en este proceso tan crítico ¿Lo cree prudente?
Para garantizar la gobernabilidad de Arequipa se debe hacer una convocatoria tanto de instituciones públicas, privadas como de la sociedad civil, con ello se va a lograr la legitimidad de este gobierno de transición y se va a poder garantizar la gobernabilidad en este último año de gobierno.
¿Entonces es necesaria?
Lo primero que debe definirse es la sucesión en el cargo en base a la ley orgánica de Gobiernos Regionales. Tenemos que resguardar la institucionalidad política y legal en Arequipa.
¿El problema acaba con la designación del nuevo gobernador o inicia otro? ¿Un nuevo gobernador entra con nueva gente lo que significa paralización de cierta forma…
El próximo gobernador o gobernadora debe garantizar la idoneidad ética de los funcionarios que designaría en el gobierno regional, actuar con absoluta transparencia en el uso de recursos y cumplir con la rendición de cuentas. ❖
