Defensoría rechaza denuncia penal de Acuña que “vulnera libertad de expresión de periodistas”

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento contra el excandidato presidencial César Acuña por la denuncia penal que presentó contra los periodistas Cristopher Acosta y Jerónimo Pimentel, autores del libro Plata como cancha: secretos, impunidad y fortuna de César Acuña.

“Nuestra institución considera que el empleo de mecanismos de persecución penal para reprimir la difusión libre de ideas es contrario a nuestros valores democráticos. El derecho a la libertad de expresión protege, incluso, aquellas opiniones o críticas que puedan resultar incómodas, chocantes, incisivas o molestas para el Estado o un sector de la sociedad, máxime cuando estas versan sobre funcionarios o personajes públicos”, señaló la entidad.

Por otro lado, el pronunciamiento enfatizó que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se reconoce la especial protección que merece la libertad de expresión en favor de la deliberación pública y el control democrático sobre la labor del Estado, de sus funcionarios públicos y de quienes aspiran a algún cargo.

“Cuando una persona se ha expuesto voluntariamente al escrutinio y a la crítica de la ciudadanía, debe afrontar un mayor umbral de tolerancia y apertura a la crítica y al escrutinio. Más aún, si pretenden ocupar cargos públicos de elección popular, como el de la presidencia de la República”, explicó la Defensoría, en referencia a la figura de César Acuña como candidato para dirigir el Ejecutivo.

“La aspiración al más alto cargo en el Estado debe ir acompañada del respeto de los principios, valores y derechos fundamentales que inspiran y constituyen la base de nuestro modelo constitucional. Por ello, es cuestionable que la persona que pretende representar a toda la nación recurra a medidas que restringen el libre ejercicio de las libertades de expresión e información y, con ello, colocar en riesgo el sistema democrático”, agregó también.

Finalmente, la Defensoría expresó su rechazo al “empleo de la justicia penal como mecanismo para atemorizar a quienes ejercen sus libertades de expresión e información”, por lo que exhortó a los órganos jurisdiccionales correspondientes a tener presentes los estándares convencionales y constitucionales que protegen este derecho y a la prensa.