Están pendientes de atender 196 conflictos sociales

Son 196 los conflictos sociales que existen en el país, por lo que se requiere de una política de prevención de parte del nuevo gabinete liderado por Mirtha Vásquez. Así lo manifestó Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.

No obstante, para Luque los casos que requieren de una atención urgente por parte del Gobierno están vinculados al Corredor Minero del Sur y los conflictos petroleros en la Amazonía.

Uno de estos se ubica en la provincia de Datem del Marañon (Loreto), donde se ha tomado la estación 5 del Oleoducto Norperuano. Las demandas de la población son la modificación de la ley que distribuye el canon petrolero, la creación de una comisión de la verdad que investigue los 50 años de actividad petrolera y su impacto medioambiental en esta zona de la Amazonía y un plan de vida pospetróleo que comprometa al Estado en la inversión pública en la zona.

El otro caso corresponde al Lote 8 de la empresa privada Pluspetrol. Comunidades del distrito de Trompeteros (Loreto) solicitan el acceso a servicios públicos como agua y saneamiento; el pago por el derecho de servidumbre y una compensación económica por la explotación petrolera.

Luque señaló que, desde hace más de 80 días, continúan las medidas de protesta y que aún no se ha creado una mesa de diálogo respecto a los pedidos de estos pobladores.

Corredor minero

Gran parte de la convulsión social se encuentra también en el Corredor Minero del Sur que abarca Apurímac, Cusco hasta el límite con Arequipa. “En el corredor minero hay 16 conflictos. Diez en el Cusco y seis en Arequipa. Se presentan continuamente protestas y bloqueos que afectan, especialmente, a la empresa minera MMG Las Bambas”, explicó Luque.

Allí, uno de los conflictos más relevantes está en Espinar (Cusco). Hasta ayer, pobladores tenían bloqueada la carretera a la altura de Tintaya. El pliego de reclamos es la continuación de la consulta previa a los pueblos indígenas de la zona sobre el proyecto de integración Coroccohuayco de la empresa minera Antapaccay. También piden constituir empresas comunales para encargarse de algunos servicios que requiera la empresa, un plan de reparaciones por las operaciones mineras, el acceso a puestos de trabajo y la creación de un canon destinado directamente para las comunidades.

Otras dos zonas de conflicto en este circuito minero son Chumbivilcas (Cusco) y Fuerabamba (Apurímac). En ambas, las comunidades piden proveer el servicio de transporte de mineral a Las Bambas.

Luque advirtió que en Sechura (Piura) hay un caso de enfrentamiento entre sectores de la misma comunidad por el control de una mina de sal que es explotada por la población. Han utilizado armas de fuego, y el comité de seguridad ciudadana de Sechura, la Fiscalía y la policía han intervenido.