Qué camino tienen alcaldes de Arequipa para cobrar S/ 1.000 millones de regalías
Acción de cumplimiento. Dos mineras pagaron deudas al Estado, 50% de esos recursos son de Arequipa. Ante la negativa del MEF de efectuar la transferencia alcaldes pueden recurrir a una acción de cumplimiento para un juez ordene el desembolso.
Elizabeth Huanca Urrutia
Arequipa. La ley respalda el pedido de los alcaldes de Arequipa que exigen al gobierno la transferencia de parte de las deudas abonadas por Cerro Verde y Buenaventura. Lo cancelado por ambas compañías corresponde a regalías mineras, un impuesto de la venta de los metales que se distribuye en los territorios de donde se extrae el recurso.
El monto para Arequipa de la primera compañía minera es de S/ 773 millones. Mientras que de Buenaventura, S/ 200 millones.
Ambas empresas saldaron su deuda entre julio y agosto pasado, pese a discrepar de la misma. Está en marcha un arbitraje internacional que definirá la legalidad de la deuda. Si el fallo favorece a las mineras el Estado debe devolver lo pagado.
El especialista en derecho minero y consultor de la Cámara Minera del Perú, César Montes de Oca Dibán señala que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) solo tiene dos caminos. La transferencia del 100% de regalías (2009-2013) aplicando la Ley de Canon y Regalías Mineras o mantener en reserva el monto, bajo el argumento que este se encuentra “bajo protesto”, debido al proceso legal que pesa sobre el mismo.
En caso de optar por lo primero, la ley señala que la distribución del monto se efectuaría de la siguiente manera: 20% para la municipalidad distrital donde está el yacimiento, otro 20% para municipalidad provincial, 40% entre todos los municipios del departamento, 15% al gobierno regional y 5% a las universidades públicas. No obstante, “el gobierno sabe a qué atenerse en caso las mineras ganen el proceso”, remarca el especialista.
La transferencia no sería inmediata. De acuerdo al trámite del MEF demoraría dos meses. Por ser un ingreso extraordinario, este no se revierte al Estado, aun cuando no se haya ejecutado al finalizar el año.
Acción de cumplimiento
Si el gobierno se inclina por la segunda opción, Montes de Oca es claro. Los alcaldes pueden interponer una “Acción de Cumplimiento” en el ámbito judicial para que se reconozcan sus derechos. “La ley los asiste, así que en última instancia el Tribunal Constitucional debe darles la razón”, señala Montes de Oca.
¿Cómo gastar?
La especialista de Descosur, Patricia Pinto señala que es imprescindible que los burgomaestres y el gobernador aclaren cómo enfocarán el gasto. Recuerda que en un año pre electoral, las partidas pueden incluso prestarse a servir de “gasolina para sus maquinarias políticas o la de sus partidos”. Si bien, la reelección no está permitida, varios burgomaestres han mostrado abiertamente sus aspiraciones políticas a la comuna provincial y gobierno regional.
“Convendría que los alcaldes inviertan en obras con expedientes aprobados, cronogramas listos. Si es así que venga el dinero,” comenta. Para Pinto, la partida también podría ser utilizada en una “gran obra” de impacto regional.
Por otra parte, remarca que debido al buen precio de los minerales durante este año, habrá una significativa recaudación de impuestos provenientes de las mineras. El 2022 será un año con cifras importantes en canon y regalías. Desde este año, las transferencias por el primer concepto se hacen en enero y no en julio como ocurría en años pasados por lo que habrá disponibilidad de dinero. “Es importante saber cómo gastarán”, comenta.
Recursos sin ejecutar
Si bien, la ley asiste a las autoridades de Arequipa en cuanto a su pedido, el avance presupuestal a la fecha, les da la espalda.
De acuerdo a la data del MEF, el Gobierno Regional de Arequipa tiene pendiente de ejecutar más de S/ 1,000 millones. La ejecución presupuestal llega al 61.8% y coloca a la región en uno de los últimos lugares del país, en eficiencia en gasto.
El Municipio Provincial apenas llega al 51.3%, mientras que las municipalidades distritales están en 48.7%.
Esta realidad, a decir de Pinto, ha hecho que la solicitud de los alcaldes, pese a que es por derecho, no sea bien acogida por la población. Explica que la pandemia paralizó obras. “Se contrapone la urgencia de gasto con las condiciones que tenemos para gastar”, dice.
