Juntos por el Perú prepara proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación
En el Perú es legal el aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida e integridad de la madre, desde 1924. Sin embargo, el protocolo médico recién fue publicado 90 años después, en 2014.
Por el derecho a decidir. Juntos por el Perú anunció a través de sus redes sociales oficiales la primera reunión junto a organizaciones feministas para la elaboración de de un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de violación sexual.
“Hoy tuvimos nuestra primera reunión con organizaciones de mujeres para la elaboración de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en casos de violación sexual”, señaló la bancada. A raíz de esta reunión, diversas activistas y colectivos se manifestaron a los exteriores del Congreso de la República a favor de esta iniciativa.
Tweet bancada Juntos por el Perú. Foto: captura Twitter
En el Perú es legal el aborto terapéutico —cuando está en peligro la vida e integridad de la madre— desde 1924. Sin embargo, el protocolo médico recién fue publicado 90 años después, en 2014. Una reciente encuesta de Ipsos reveló que el 53% de peruanos está a favor de que el aborto se despenalice en una o más circunstancias.
La última propuesta legislativa presentada en nuestro país para legalizar el aborto en casos de violación data de 2016. El proyecto de Ley N° 387/2016-CR fue impulsado principalmente por Indira Huilca, Marisa Glave y Alberto de Belaúnde, y proponía modificar el artículo 119 del Código Penal para que la mujer pueda interrumpir su embarazo en casos de violación, inseminación artificial, transferencia de óvulos no consentida y malformaciones del feto.
Ante la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, las mujeres no desisten de su decisión y buscan alternativas tales como acudir a colectivos feministas que brindan información para un procedimiento seguro como la Línea de Aborto Información Segura, que alertó que las llamadas que solicitan información sobre aborto seguro aumentaron en un 400% desde los primeros meses del estado de emergencia, la cual se ha mantenido en ascenso hasta este 2021.
