PJ postergó decisión para abrir proceso a Alberto Fujimori y exministros por esterilizaciones forzadas

La lectura de la resolución para si se admite a trámite o se archiva la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas estaba programada para el último martes 21 de setiembre. Sin embargo, volvió a ser suspendida hasta el próximo miércoles 29 de setiembre a las 10.00 a. m. Así lo dispuso el magistrado Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado.

Originalmente comenzó el último 14 de setiembre, pero el juez pospuso su lectura para este martes. En la audiencia se ofreció una reseña histórica del caso, además se mencionó los acuerdos ratificados por Perú sobre derechos reproductivos y sexuales.

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Como se informó, a Alberto Fujimori se le acusa por estar vinculado con aquellos que plantearon, procesaron y ejecutaron las esterilizaciones de varias mujeres de la sierra y selva, dejándole secuelas a algunas e incluso llegando a morir. Una de ellas fue Mamérita Mestanza. Sobre su caso, en el 2003 el Estado peruano reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros que también están involucrados en el juicio son el exministro de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, así también el actual congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga.

Cuando se llevó a cabo la etapa de acusación, el fiscal Pablo Espinoza señaló que el exdictador, actualmente preso por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, es el “principal responsable de las lesiones graves seguidas de muertes y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticoncepciones quirúrgicas” ejecutadas durante su régimen.

Esterilizaciones sin consentimientos disfrazadas de “plan de control de natalidad”

Cuando Alberto Fujimori era presidente del Perú en los años 90, se implementó una política que denominaron “plan de control de natalidad”, que según ellos, fue un intento de reducir los índices de pobreza principalmente en la zona rural de los andes y Amazonía, con el objetivo de elevar la economía del país.

No obstante, lo que realmente ocasionó fue poner en práctica la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) a mujeres sin información al respecto ni su consentimiento. En esa línea, les exigían a los médicos que lo practicaban “cuotas” de mujeres esterilizadas, a quienes tampoco les brindaban las condiciones adecuadas para realizar el procedimiento de forma segura.

Esterilizaciones forzadas tuvieron un objetivo económico

El Ministerio Público, a través del fiscal Pablo Espinoza, acusó al expresidente Alberto Fujimori de ser el máximo responsable de causar lesiones graves, en algunos seguidos de muerte, a miles de mujeres que fueron sometidas sin su consentimiento a la esterilización forzada durante su gobierno, en los años 90.

Espinoza subrayó que el programa de esterilización buscó disminuir los niveles de pobreza en el país, al reducir la natalidad de los más pobres, con fines económicos para su gobierno.