Declaran improcedente pedido de Fujimori para que se informe al Minjus que no puede ser movido de la Diroes
El Poder Judicial señaló que los argumentos que sustentaban el requerimiento “se centran” en las declaraciones a la prensa del ministro de Justicia, Aníbal Torres.
El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró improcedente la solicitud de la defensa del expresidente Alberto Fujimori, para que se informe al Ministerio de Justicia (Minjus), así como al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que su condena debe cumplirse solo en el penal Barbadillo.
Esto debido a que consideraron que los argumentos del abogado del exmandatario carecían de sustento, ya que solo se estarían basando de las declaraciones del titular de Justicia, Aníbal Torres, brindadas a un medio de comunicación.
Así, se refirieron a su manifestación cuando este afirmó a IDL radio que “los peruanos no vemos bien que el señor Fujimori con los enormes delitos que ha cometido y su socio Vladimiro Montesinos estén en cárceles doradas, eso no es correcto. Todos somos iguales frente a la ley y todos los que han delinquido tienen que estar en las mismas condiciones”.
Resolución Poder Judicial. Foto: captura de Twitter
Para la defensa del exdictador, lo dicho por Torres era un “error”, pues catalogaba al recinto en donde se encontraba recluido como “un privilegio”, cuando en realidad correspondía al “mecanismo de protección de la vida y la salud del interno”, y no estaría conociendo los antecedentes del mandato para que Fujimori continúe su sentencia en Barbadillo.
PJ consideró que comentarios de Torres no afectan proceso contra Fujimori
No obstante, el órgano jurisdiccional aseguró que las afirmaciones del titular del Minjus se encuentran “dentro de sus derechos” de opinar, y aunque sea de carácter político, no repercute en el proceso.
“Lo que esta judicatura no advierte, hasta la fecha, es que exista o se haya acreditado un mecanismo o un procedimiento administrativo de la institución pública competente -INPE- que estén dirigidos a materializar o concretar alguna afectación a los derechos a la vida o la salud del sentenciado como resultado del cambio de sus condiciones carcelarias, según ha conjeturado la defensa con base en la mencionada opinión política”, sentenciaron.
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