Es necesario que el juez inicie el proceso y escuche a las víctimas
Denuncia. Fiscal defendió la denuncia presentada contra el expresidente Alberto Fujimori y exministros de Salud para que se investiguen las esterilizaciones forzadas de 1995 al 2000.
“El Estado no puede renunciar al derecho a investigar y no debe impedir que las víctimas de esterilizaciones forzadas sean escuchadas por el juez y que se establezcan responsabilidades”, afirmó el fiscal Pablo Espinoza al rechazar el pedido del abogado César Nakazaki para archivar este caso.
Espinoza sustentó su posición ante el juez Rafael Martínez en abundante jurisprudencia internacional, la existencia de pactos y convenios internacionales que obligan al Perú a investigar un crimen de derechos humanos, como se ha catalogado el caso de las esterilizaciones forzadas.
Proceso judicial
El fiscal recordó que este es un proceso que se investiga con el antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, por lo que la fiscalía debe presentar una denuncia para que el caso sea investigado por un juez del Poder Judicial.
Anotó que si este caso se trabaja con el nuevo Código Procesal Penal, existen suficientes elementos para iniciar la investigación preparatoria.
Acusado. Alberto Fujimori dirigió y aprobó el programa de intervenciones quirúrgicas sin consentimiento. Foto: difusión
La fiscalía recordó que se está hablando de crímenes silenciosos que se ejecutaron desde el año 1995 al 2000, durante un régimen que en la práctica legalizó todo para permitir las esterilizaciones forzadas.
El abogado defensor de Alberto Fujimori, en una idea que ha sido reiterada por la candidata presidencial Keiko Fujimori, sostiene que se trató de delitos individuales en los que el exmandatario no tuvo intervención y que ya han prescrito.
La fiscalía refuta esa tesis señalando que no se está cuestionando una intervención quirúrgica de esterilización, sino el programa de Planificación Familiar, con el método de anticoncepción quirúrgica voluntaria que, dijo, de voluntaria no tuvo nada.
Contra los pobres
“Hemos señalado que el programa no tuvo nada de voluntario, las mujeres fueron coaccionadas, engañadas en un idioma que no entendía al tratarse de mujeres de zonas rurales que hablan quechua”, indicó .
La mayoría de denunciantes son mujeres indígenas andinas y amazónicas, campesinas y de zonas urbano populares en situación de pobreza que esperan justicia por más de dos décadas. Foto: La República
El fiscal Espinoza subrayó que hay cientos de declaraciones de la forma en que las mujeres fueron coaccionadas a someterse a la intervención quirúrgica sin ninguna explicación y de médicos que han reconocido que había metas que cumplir.
“Este programa estuvo destinado única y exclusivamente para los sectores más pobres de la sociedad. Ninguna persona debería vivir en pobreza, pero no por eso vamos a impedirles reproducirse, pues eso viola sus derechos”, enfatizó el fiscal.
La audiencia se realiza de manera virtual y continuará este martes y los siguientes días. La intervención del fiscal y abogados es traducida de inmediato al idioma quechua.
Sin sanción, esterilizaciones pueden repetirse
La candidata presidencial Keiko Fujimori insistió en que los hechos aislados denunciados por la fiscalía no eran una política de Estado. “La política de Estado era el plan de salud reproductiva y planificación familiar”, afirmó. Una declaración que hace oídos sordos a los miles de testimonios sobre la forma y circunstancias en que miles de mujeres fueron sometidas a una intervención quirúrgica de esterilización, sin su conocimiento y consentimiento.
“Si no se reconocen ni condenan las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres en los años 90, nada nos garantiza que no se repitan estas violaciones a los DDHH”, dice la directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Marina Navarro.
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