Libertad de expresión sufrió la peor agresión de los últimos 20 años
Informe. Periodistas y medios de comunicación fueron atacados durante las protestas ciudadanas a inicios del último semestre. Estos hechos prosiguen hoy en medio de las elecciones generales.
En su informe 2021-I sobre Libertad de Expresión , el Consejo de la Prensa Peruana informó a la Sociedad Interamericana de Prensa que durante el inicio del semestre, que comprende desde octubre 2020 hasta marzo 2021, se vivieron las peores represiones a la libertad de expresión desde el gobierno de Alberto Fujimori.
Menciona que durante las protestas ciudadanas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino en noviembre del 2020, más de 40 periodistas que trabajaron en la cobertura de las manifestaciones fueron atacados por la Policía Nacional.
Tras indicar que las fuerzas agresoras a la libertad de expresión vienen usualmente del Poder Legislativo, el Poder Judicial y la falta de transparencia de instituciones públicas; sin embargo, tras los ataques a periodistas y medios de comunicación durante las protestas, se han agregado el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional.
Asimismo, anota que se va perfilando un nuevo frente, aunque por el momento menos organizado que los anteriores, que es el ataque de la propia ciudadanía a través de las redes sociales. Los usuarios de estas redes se organizan y llevan su manifestación del ciberespacio al espacio físico, de manera que las limitaciones a la libertad de expresión toman una dimensión más compleja.
El informe recoge las cifras de la Asociación Nacional de Periodistas. De los 223 ataques a periodistas y medios de comunicación en el último año, los principales fueron llevados a cabo por agentes de seguridad (79), civiles (57) y funcionarios públicos (53).
Asimismo, resalta que el discurso relacionado con periodistas y medios de comunicación se ha radicalizado durante las elecciones presidenciales. Los principales agresores en la primera vuelta fueron los propios candidatos, nuevos medios de comunicación y miles de cuentas en redes sociales.
Precisa que el plan de gobierno de Perú Libre dedica cinco páginas a propuestas que implicarían un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados, desde publicidad estatal y colegiatura obligatoria de periodistas hasta que algunos ministerios aprueben el contenido de canales de televisión y radioemisoras.
También indica que la libertad de expresión se vio afectada por nuevas propuestas legislativas del Congreso, que ha insistido en limitar la publicidad estatal en medios privados y regular el contenido de algunos espacios televisivos y radiales.
Reconoce como una de las pocas situaciones positivas en cuanto a libertad de expresión el inicio del juicio al excandidato presidencial Daniel Urresti, acusado de asesinar al periodista Hugo Bustíos en 1988.
Recuerda que en el breve periodo presidencial de Manuel Merino se intentó censurar la cobertura de las protestas en su contra en el canal 7. En respuesta, el consejo directivo de la institución y su gerente de prensa, Renzo Mazzei, renunciaron.
El informe menciona las querellas por difamación que se iniciaron contra periodistas y medios, como son los casos del conductor Rodrigo González, el youtuber Javier Pillco, Cadena Sur de Ica, el semanario Hildebrandt en sus trece, el caso Vacancia con más de 40 periodistas atacados por la policía, el caso Correo, entre otros más.
Hay amenaza y restricciones en varios países de América
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló que la libertad de prensa continúa bajo amenaza en varios países del continente americano y requiere de un monitoreo permanente.
Sostuvo que en materia legal y judicial continúan las restricciones al ejercicio del periodismo. El uso de normas penales y demandas millonarias en contra de medios y periodistas se presenta en Colombia, El Salvador, Panamá y Perú.
Mencionó que en el marco del 25 aniversario de la Declaración de Chapultepec, han continuado discutiendo la pertinencia de construir un índice sobre aspectos regulatorios y jurídicos, además de su metodología, que mida la observancia de los principios considerados en esta declaración.
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