Después de 23 años no se resuelven muertes por esterilizaciones
Crímenes. Fujimori dispuso operar sin su consentimiento a mujeres del interior del país, violando sus derechos fundamentales.
El Estado y las autoridades judiciales (Ministerio Público y Poder Judicial) deben ser conscientes del retraso de la administración de justicia en las esterilizaciones forzadas, representadas en el caso de Celia Ramos Durán, quien falleció el 22 de julio de 1997 en el gobierno de Alberto Fujimori, luego de que se le operara sin su consentimiento y en deplorables condiciones.
Así lo manifestaron ayer en audiencia los demandantes de justicia al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), María Ysabel Cedano y Milton Campos, del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), quienes aseguraron que después de 23 años el caso no se resuelve y eso no es justicia.
Campos sostuvo que desde su primer gobierno, Fujimori aplicó las esterilizaciones forzadas invasivas sin garantizar los derechos reproductivos de las mujeres, recurriendo al Ministerio de Salud y a las Fuerzas Armadas para ejecutarlas.
Como consecuencia –prosiguió-, las mujeres quedaron abandonadas, estigmatizadas, sin asistencia ni reparaciones, sin defensa pública ni acompañamiento jurídico y psicológico, siendo “una política criminal que los fujimoristas niegan. Keiko dijo que fueron errores atribuibles a médicos”.
Explicó que el 2011 la fiscalía reabrió el caso después de que fue archivado, pero el 2014 se archivaron cientos de casos y eso fue corregido el 2015, en que se aperturaron 7 casos pero no el de Celia Ramos. El 2018 se volvió a corregir un tercer archivamiento y se denunció a Fujimori y a sus ministros por la muerte de cinco mujeres, entre ellas Ramos Durán.
“Con marchas y contramarchas y demorando años, así fue el papel del Ministerio Público”, apuntó.
María Ysabel Cedano manifestó que Celia murió por responsabilidad del Estado que la esterilizó sin su consentimiento en condiciones deplorables, en una posta donde no había equipos. “Ella no murió, a ella la mataron”, apuntó.
Miluska Cano, representante del Poder judicial, explicó que un caso ordinario tiene un plazo de 4 meses para resolver, prorrogable por 2 meses, pero al ser complejo el plazo se puede prolongar.
En la audiencia participaron también las hijas de Celia Ramos, Marisela, Emilia y Marcia.
El dato
Complejo. El fiscal superior Daniel Jara Espinoza dijo que la muerte de Celia Ramos ha sido calificada como caso complejo con lesiones graves y muerte en un contexto de violaciones de los derechos humanos y ya se procedió a formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial.
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