Osinergmin y Minem buscan evadir sentencia del Poder Judicial

Recurriendo a palabras técnicas, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería insisten en desconocer la sentencia de la Corte Suprema que ordenó terminar con la distorsión en el precio de la energía eléctrica, que perjudica a más de 30 millones de usuarios por hogar.

En un fallo notificado en setiembre del 2020, la Corte Suprema ordenó acabar con la distorsión de precios para que todos los usuarios: regulados y no regulados, paguen el mismo costo por el servicio. Pero desde entonces los organismos encargados de ejecutar la sentencia judicial se han dedicado a buscar evadir su cumplimiento.

Los 30 millones de usuarios del recurso por hogar pagan hoy una energía eléctrica mucho más cara que un pequeño grupo de grandes empresas industriales y de servicio. Eso es lo que la Corte Suprema pidió terminar.

Fragmentos

La distorsión la provocan tres generadoras eléctricas: Enel, Kallpa y Engie. Estas generadoras declaran que el costo del gas que utilizan para producir energía eléctrica en el mercado libre es de cero soles, y lo venden barato en ese mercado no regulado.

Inicialmente, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado entendió el problema y acordó cumplir la sentencia de la Corte Suprema, sin más enredos técnicos y en todos sus extremos, como corresponde.

Pero el Ministerio de Energía y Minas y Osinergmin insiste en mantener el sistema generado por Enel, Engie y Kallpa Generación.

Con este fin, pretende fragmentar la distorsión. El problema nace cuando al momento de fijar los precios, las generadoras declaran que la molécula de gas que utilizan, su transporte y distribución tiene un costo cero, es decir que les cae como “maná” del cielo, directamente a sus almacenes sin generar un sol de gasto.

Pues bien, de acuerdo con fuentes del mercado eléctrico, a insistencia del organismo supervisor, ahora el COES aceptaría que la molécula de gas sí tiene un valor que deberá incluir para fijar el precio.

Sin embargo, mantendrán costo cero para el transporte y distribución de ese producto, con lo cual se busca sacarle la vuelta al fallo del Poder Judicial y mantener vigente la distorsión de precios.

Es de señalar que esta declaración de costos cero es solo para fijar los precios para el mercado libre. El costo real de esos productos sí aparece en los libros contables y de pago de impuestos y, lógicamente, cuando se trata de establecer los precios para los hogares.

Justicia

Una distorsión que, al ser advertida por los jueces de la Corte Suprema de Justicia, derivó en que se ordene al Minem y Osinergmin corregir, para que todos los usuarios, regulados o no regulados, paguen el mismo costo.

La distorsión solo se da con las generadoras que utilizan gas natural, pues las que producen con carbón, diesel o con otras energías sí están obligadas a declarar los costos reales de producción, para fijar sus precios.

La discusión de este tema, esto es cumplir la sentencia del Poder Judicial o encontrar algún tecnicismo que permita evadirla, se va a definir en los siguientes 20 días. Si la situación no cambia, se perjudicarán 30 millones de usuarios por hogar que seguirán pagando una energía eléctrica más cara. Además de los pensionistas de la ONP a los que el Estado obligó a invertir en centrales eléctricas a diesel, que tienen un costo mayor.

Policía posterga ratificación de la denuncia penal

La Policía postergó indefinidamente la ratificación de la denuncia presentada por el presidente de la Coordinadora General de los Pueblos Unidos de Lima, Callao y Provincias, Roberto Carhuancho Cárdenas, contra las generadoras eléctricas Enel, Engie y Kallpa.

Carhuancho Cárdenas había sido citado para el miércoles 10 de marzo, a fin de ratificar su denuncia penal por la distorsión de precios, en la sede policial de la avenida Angamos, pero la diligencia se postergó.

El abogado de Carhuancho Cárdenas, Julio Arbizu, lamentó la falta de interés policial y del Ministerio Público. “Este es un caso que el Ministerio Público debería indagar en sede fiscal y no delegarlo a un equipo de la Policía”, señaló el exprocurador.

Advirtió que los representantes legales de Enel y Engie pretenden participar en la diligencia, aunque no es lo que corresponde.

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