Edgar Alarcón ya no puede eludir acusación constitucional
Congreso. Comisión Permanente vota hoy informe contra el excontralor por presunto enriquecimiento ilícito. Están pendientes sus denuncias por peculado y cohecho.
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El excontralor y congresista de Unión por el Perú (UPP), Edgar Alarcón, ya no tiene más excusas para eludir sus acusaciones constitucionales. Formalmente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso lo notificó para que hoy responda ante este fuero legislativo por su denuncia de presunto enriquecimiento ilícito.
Así lo confirmó a La República el vicepresidente del Parlamento, Luis Roel. “Se va a continuar con la audiencia del expediente 371. Dado que en la última sesión (Alarcón) aceptó públicamente el acto de notificación”, explicó.
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Durante las últimas sesiones, el argumento de Alarcón para evadir responder a la Permanente fue que no había sido notificado correctamente y que se encontraba en un viaje en Iquitos. Sin embargo, esta vez no puede avalarse en formalidades para ausentarse.
El expediente al que hizo mención Roel fue elaborado por la congresista de Descentralización Democrática (DD) Felícita Tocto, quien deberá volver a sustentarlo. Alarcón también podrá presentar sus descargos.
Si la Comisión Permanente aprueba la denuncia, será el Pleno del Congreso quien tenga la última palabra para dar luz verde a la acusación constitucional.
Van ocho meses en los que las indagaciones contra Alarcón no avanzan porque está blindado por el antejuicio político.
La única institución que puede levantarle ese privilegio es el Legislativo aprobando el expediente de Tocto. Solo de esa manera la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, podrá formalizar la investigación preparatoria contra el también titular de la Comisión de Fiscalización.
Casos pendientes
Pero el camino no acaba ahí. La fiscal de la Nación presentó el año pasado tres denuncias constitucionales contra el legislador de UPP. Una de ellas fue por enriquecimiento ilícito, la más avanzada hasta el momento, y las demás por peculado doloso y cohecho en el caso Los Temerarios del Crimen, respectivamente.
Las dos últimas denuncias siguen sin ser tramitadas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por el acciopopulista Carlos Pérez Ochoa, eligió de ponente para el caso de peculado al vocero de Acción Popular, Franco Salinas, quien −según su correligionario Pérez Ochoa− al cierre de esta nota aún no presentó su informe final. “Solicitó ampliación de plazo”, respondió el presidente de la SAC.
Sobre la acusación de cohecho, la subcomisión tiene pendiente elegir al parlamentario ponente. “Tenemos varias denuncias pendientes de delegar. En las próximas sesiones buscaremos concretar la delegación”, alegó Pérez.
El panorama es incierto. Alarcón ha tenido un trato tibio de parte de las bancadas que promovieron la vacancia presidencial del año pasado. Además, su bancada UPP, dirigida por su candidato presidencial José Vega, lo conserva como presidente de la Comisión de Fiscalización. Vega había prometido retirarlo, pero no cumplió su palabra.
Una denuncia que se demoró extrañamente
La denuncia contra Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en julio del año pasado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recién en noviembre la Comisión Permanente la admitió a trámite. La subcomisión eligió de ponente a la legisladora Felícita Tocto para el informe final. El expediente aún no se aprueba en el Pleno.
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