Tribunal Constitucional definiría si abogados siguen investigados por caso “cocteles”

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) resolvería admitir el recurso de amparo presentado por el abogado Arsenio Oré para que el equipo Lava Jato lo excluya de la investigación a Fuerza Popular por los aportantes fantasmas para su campaña electoral del 2006 y 2011.

Esta caso fue declarado inadmisible por la Corte Suprema, en recurso de casación, a mediados del año pasado. Ahora está en el máximo ente de interpretación constitucional, donde hace unos días se llevó a cabo una audiencia pública sobre su competencia en este caso.

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Fuentes del TC señalaron a La República que la mayoría de los magistrados consideran que deben pronunciarse por ser un caso emblemático, y en el que se discutirá cuál es el margen de acción de un abogado con sus clientes, y hasta donde puede investigar la Fiscalía.

Manipular aportantes

Como se sabe, a fines de 2018, Arsenio Oré (quien representó legalmente a Keiko Fujimori hasta el 2017), Giulliana Loza (actual defensora de la lideresa de Fuerza Popular) y otros cuatro abogados, fueron incluidos en la investigación por lavado de activos conocida con el nombre de “cocteles”.

El fiscal José Domingo Pérez los acusó de obstrucción a la justicia por haber contribuido en la manipulación para que falsos aportantes de Fuerza 2011 den información falsa al Ministerio Público a fin de justificar el “pitufeo” y “blanqueamiento” de presuntos aportes irregulares de Odebrecht, que no fueron declarados así como en amenazas a quienes revelaron ser aportantes fantasma.

El amparo presentado por Oré señala que no puede ser incluido en la investigación a Fuerza Popular, y busca que los fiscales no puedan utilizar la documentación que se incautó en su estudio en la diligencia realizada en noviembre del 2018. Argumenta para ello la reserva entre abogado y cliente.

Trascendió que el próximo martes el TC emitirá una resolución y el ponente sería el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña. De inmediato se correrá traslado al Ministerio Público, que tendrá 30 días hábiles para contestar, luego de lo cual se hará una nueva audiencia pública.

Entonces, el fiscal Pérez o Rafael Vela podrán sustentar hasta dónde llega su investigación y si están interviniendo o no en la reserva que debe haber entre abogado y cliente. También sustentará su punto el abogado de Oré.

Este será un caso emblemático porque marcará el margen de acción de los abogados en las denuncias de Lava Jato.

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