Tribunal revoca detención de José Luna en caso ’Gángsters de la política'
Sala de Apelaciones leyó esta tarde resolución que ordena la liberación inmediata de José Luna Gálvez y otros implicados.
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José Luna Gálvez continuará siendo investigado por el caso “Gángsters de la política” en libertad.
A las tres de la tarde de este sábado, según pudo conocer La República, la Sala de Apelaciones Anticorrupción integrada por los jueces superiores Ramiro Salinas, Guillermo Piscoya y Marco Angulo, leyó su resolución a las partes en una audiencia, ordenando a su vez la liberación del resto de implicados.
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La medida que revoca la detención preliminar solicitada por la fiscal Sandra Castro beneficia también a los exfuncionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que apelaron: Adolfo Castillo Meza (quien se desistió de su recurso en audiencia), Oscar Nieves Vela, Fernando Obregón Mansilla, Laura Silva Seminario y Enrique Pajuelo Bustamante.
Este diario pudo conversar con la defensa legal de José Luna, Mateo Castañeda, quien precisó que esta decisión judicial se dio “porque no hay ningún indicio de peligro procesal (fuga u obstaculización) en mi patrocinado”.
Además, el letrado sostuvo que el fundador del partido Podemos Perú está actualmente internado en una clínica local. “Estuvo en cuidados intensivo en mayo y ha tenido dos reingresos. Uno del 23 de octubre al 1 de noviembre y otro el 4 de este mes, específicamente por un problema de algina en el pecho. Hace tres días fue operado también por un cateterismo cardíaco”, añadió.
Organización en la mira
Acorde con información publicada previamente por este diario, la fiscal Sandra Castro inició esta investigación sosteniendo que hubo una organización criminal que operó desde el 2016, con 14 integrantes aproximadamente.
Entre las acciones desplegadas por este grupo, la fiscalía identificó también una activa participación e injerencia en la elección ilegal del jefe de la ONPE, Adolfo Castillo Meza y en el copamiento de esta institución para lograr la inscripción del mencionado partido político, presionando y condicionando a altos funcionarios públicos para el logro de sus objetivos.
En total, la presunta red criminal habría cometido diversos delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y patrocinio ilegal.
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